Hay un tipo de político que uno aprende a reconocer con el tiempo, no por sus declaraciones en tribuna sino por la tierra que trae en los zapatos.
Magaly Deandar es de esas legisladoras que recuerdan que el Congreso no empieza ni termina en la capital, sino en cada colonia de Reynosa donde alguien tiene una queja que nadie ha querido escuchar.
Ella es como esa agricultora que no espera que la cosecha llegue sola: sale, trabaja el surco, escucha qué necesita la tierra y regresa con semillas concretas. Así nació la Ley Grúa, de oído en oído, de colonia en colonia, hasta convertirse en reforma aprobada por unanimidad que hoy protege el bolsillo de miles de familias tamaulipecas que antes eran rehenes de un negocio disfrazado de autoridad.
Así también nació la Ley Alina, que le devolvió a las mujeres algo que nunca debieron perder: el derecho legal a defenderse sin ser criminalizadas por sobrevivir. Dos legislaturas consecutivas, una reelección con el 74% de los votos de su distrito y una agenda que incluye protección a la niñez, combate a la corrupción y derechos laborales no son casualidad. Son consecuencia directa de alguien que regresa siempre al mismo lugar: la calle, la gente, el problema real.
No la pierdan de vista.
TAMAULIPAS LEVANTA LA MANO, Y TIENE CON QUÉ SOSTENERLA
Hay estados que hablan de energía y hay estados que la producen. Tamaulipas lleva décadas en el segundo grupo, aunque no siempre se le reconozca con la misma intensidad con que se habla de Pemex o de las grandes terminales del Golfo.
Por eso fue relevante, y necesario, que el gobernador Américo Villarreal Anaya se presentara en la Décima Convención Nacional Petrolera de Amexhi con algo más que un discurso: fue con datos, con infraestructura real y con una invitación concreta al sector privado.
Lo que dijo Villarreal es, en términos prácticos, esto: “Aquí hay gasoductos, terminales de licuefacción, complejos procesadores y conectividad con mercados de toda América del Norte. Úsenlos.” Que el estado tenga electrificación al 99.97% de su población no es un número menor, es el tipo de cifra que convence a quienes deciden dónde invertir.
Lo que faltó en el discurso, y vale la pena nombrarlo con amabilidad, es una voz sobre los pendientes: las comunidades en zonas de extracción que aún resienten impactos ambientales, o la pregunta de cómo se garantiza que las “gasolineras del pueblo” realmente lleguen a las localidades más alejadas. La transparencia en esos puntos haría más sólida la narrativa de justicia energética que Villarreal defiende. El Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, previsto para octubre en Tampico, es la oportunidad de responder esas preguntas en voz alta.
¡¡Yássas!!