MEC y la condicionante hídrica: el agua de Nuevo León no debe ser moneda de cambio

Las mesas de negociación del T-MEC celebradas esta semana dejaron una señal clara y alarmante sobre la mesa. Lo que en el papel se concibe como el motor de desarrollo y competitividad industrial más importante para el norte del país —y, de forma muy particular, para Nuevo León— hoy corre el riesgo de convertirse en un chantaje bilateral que amenaza directamente nuestra supervivencia diaria: el acceso al agua.

Para nadie es un secreto que Nuevo León es el corazón económico del país. Nuestra capacidad instalada, la atracción de inversión extranjera y el dinamismo industrial son los verdaderos impulsores del comercio exterior mexicano. Sin embargo, la reciente condicionante impulsada desde Estados Unidos para supeditar los avances del acuerdo comercial al cumplimiento estricto del Tratado de Aguas de 1944 nos coloca en una encrucijada inédita.

La trampa hídrica

Técnicamente, los compromisos del Tratado de 1944 se diseñaron sobre afluentes específicos de la cuenca del Río Bravo y no sobre la infraestructura propia destinada prioritariamente al consumo humano de los neoleoneses. Sin embargo, ante las presiones estadounidenses, la administración federal ha decidido echar mano del agua de las presas de Nuevo León —como El Cuchillo— para amortiguar el déficit hídrico nacional y saldar las cuotas exigidas por nuestro vecino del norte.

Esta decisión centralista es un desatino flagrante. Pretender resolver una disputa diplomático-comercial extrayendo el volumen de nuestras reservas hídricas sería poner una pistola en la sien de la zona metropolitana de Monterrey.

De la pasividad a la política a la acción 

Como lo señalan certeramente las economistas Mariana Mazzucato y Lara Merling en su estudio reciente sobre la transformación productiva y el desarrollo de México, no podemos seguir entendiendo la atracción de inversiones y el comercio internacional bajo un esquema de pasividad, donde el estado cede recursos estratégicos a cambio de capital. Mazzucato y Merling advierten que el agua y la infraestructura no deben ser tratadas como insumos a sacrificar o “parches” en medio de la gestión de crisis, sino como el eje central de una política industrial orientada por misiones estratégicas.

Aceptar que el agua de la población sea la moneda de cambio para cumplir compromisos comerciales es la antítesis de lo que el país necesita: condicionalidad recíproca, soberanía sobre nuestras capacidades productivas y planificación hídrica a largo plazo que priorice el desarrollo social antes que la mera facilitación de flujos de exportación.

Un riesgo inminente ante la crisis climática

No podemos actuar con amnesia social ni política. Todavía están vivas las heridas de la severa crisis de abastecimiento que paralizó a nuestras familias y comercios hace apenas unos años. Con la amenaza latente de ciclos de sequía cada vez más prolongados e impredecibles por el cambio climático, vaciar o disponer discrecionalmente de nuestras presas para pagar “deudas de agua” que no son responsabilidad de Nuevo León es vulnerar por completo la seguridad hídrica de más de cinco millones de personas.

El agua del estado no debe ser una moneda de cambio para destrabar aranceles o contentar mesas de negociación internacional, simplemente porque no es parte del tratado internacional de aguas. Priorizar el uso doméstico y garantizar el derecho humano al agua de la población metropolitana no es una opción debatible; es un mandato legal y constitucional.

Un frente común por Nuevo León

Ante esta amenaza, la tibieza no tiene cabida. Es urgente que el Gobierno del Estado, el Congreso local y el Poder Judicial —los tres poderes en su conjunto— alcen la voz con firmeza ante el gobierno federal. Se deben exigir reglas claras y límites infranqueables: el agua de las presas de Nuevo León, que sostiene a nuestras comunidades, no se toca para el pago de tratados internacionales.

Pero la responsabilidad no termina ahí. Tal como lo propone el informe de Mazzucato y Merling, el estado debe crear un proyecto de largo plazo; es decir, no solo construir presas o soluciones de emergencia —como el Cuchillo III—, sino que cree una Misión de Resiliencia Hídrica. Esto implica usar las compras públicas para detonar una industria de tecnología del agua (desalinización eficiente, captación pluvial urbana a gran escala, micromódulos de tratamiento) y financiar a Pymes locales para que provean esta tecnología a las grandes plantas industriales. En este contexto se requiere un frente común, entre industria, academia, sociedad civil y los poderes del estado.

Más allá de rivalidades políticas y de intereses electorales, el agua es vital para la población y nuestra biodiversidad.