En una primaria de Reynosa, lejos de la retórica habitual con la que los gobiernos suelen presumir resultados en seguridad, ocurrió algo más silencioso pero quizá más revelador: policías hablando con niños sobre los peligros de internet.
La escena, encabezada por elementos de la Guardia Estatal Cibernética en la escuela Enrique Conrado Rébsamen, podría parecer menor si no fuera porque retrata uno de los desafíos más complejos de la política pública contemporánea: la seguridad ya no sólo se disputa en las calles, también en las pantallas.
La actividad forma parte de la estrategia que impulsa el gobierno de Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Bajo esa lógica, la presencia de la Guardia Estatal frente a 149 estudiantes, madres de familia y docentes no es un simple acto escolar, sino un mensaje político: la prevención también puede ser una herramienta de seguridad.
Sin embargo, aquí aparece el punto ciego que la narrativa oficial suele esquivar. Las conferencias ayudan, sí, pero no sustituyen una política pública permanente que integre educación digital en las aulas, capacitación para docentes y corresponsabilidad de las plataformas tecnológicas.
De lo contrario, la prevención corre el riesgo de convertirse en evento y no en estrategia. Aun así, la escena deja una imagen poco común en la vida pública mexicana: policías explicando riesgos, no reaccionando a tragedias. Si la política logra sostener ese enfoque preventivo, y no sólo comunicarlo, el gobierno de Tamaulipas podría estar tocando un terreno donde la seguridad del futuro realmente se define.
TAMAULIPAS Y LA DEUDA EN SALUD MENTAL
En el discurso político mexicano hay temas que durante años se mencionaron con incomodidad, como si nombrarlos implicara admitir una derrota institucional.
La salud mental es uno de ellos. Por eso no resulta menor que el diputado local Víctor Manuel García Fuentes haya decidido colocar sobre la mesa del Congreso del Estado de Tamaulipas una iniciativa para crear una nueva ley de atención integral en esta materia.
La pregunta, sin embargo, no es si la intención es correcta, lo es, sino si el aparato público está preparado para cumplir lo que promete.
La propuesta suena impecable en el papel: prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y reinserción social, todo bajo el paraguas de la dignidad humana. Es el tipo de redacción que cualquier legislador podría firmar sin titubeos. Pero la política pública no se mide por su elegancia jurídica, sino por su capacidad de operar en hospitales, escuelas y comunidades donde la depresión, la ansiedad o las adicciones no esperan a que una ley se publique en el periódico oficial.
Ahí aparece el punto ciego que suele perderse en la narrativa legislativa: Tamaulipas arrastra una infraestructura limitada en salud mental, con pocos especialistas, presupuestos ajustados y un sistema de atención primaria que apenas logra contener la demanda cotidiana.
Una ley sin recursos puede terminar siendo una declaración de buenas intenciones, y las buenas intenciones, lo sabemos, no curan a nadie. Sin embargo, la apuesta política de García Fuentes tiene una lectura interesante. En un estado donde la conversación pública sobre salud mental apenas comienza a normalizarse, impulsar un marco jurídico obliga al Estado a reconocer un problema que durante décadas prefirió administrar en silencio.
El reto ahora no es aprobar la ley. El reto es demostrar que no será otra promesa legislativa que descansa cómoda en el archivo.
¡¡Yássas!!