Opinión

Mercenarios del voto: el transfuguismo legislativo en Nuevo León

Sección Editorial

  • Por: Ivonne Bustos
  • 06 Noviembre 2026, 00:00

El transfuguismo legislativo es la práctica por la cual un representante popular (como un diputado, senador o concejal) abandona, es expulsado o desoye las directrices del partido político o coalición por el que fue elegido para pasarse a otra bancada, declararse independiente o pactar con fuerzas opuestas durante su mandato.

Como advierte la investigadora de la Libre de Derecho de Nuevo León, Ximena Isabel Briones Mercado, en su tesis pública titulada ¿De quién es la banca?, la ausencia de un marco regulatorio explícito en la legislación mexicana ha permitido que el transfuguismo se normalice y opere como una práctica estructural que erosiona la representación democrática y distorsiona el voto popular.  

Nuevo León se ha convertido en el ejemplo máximo de esta distorsión. Un caso emblemático es el del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, partido que ha visto cómo prácticamente media bancada se desmorona tras el salto de sus integrantes a otro partido. Lo que debió ser la defensa de una plataforma ideológica e institucional se transformó rápidamente en un desfile de lealtades permutables.

Este fenómeno expone una realidad preocupante: la utilización de la curul como una simple mercancía que se vende al mejor postor. En palabras de Briones Mercado, la curul deja de ser una habilitación normativa al servicio de la ciudadanía para ser tratada erróneamente como una “propiedad privada” del legislador. Al cambiar de camiseta a mitad del camino, no solo se traiciona al partido y a sus principios; se traiciona, principalmente, al pueblo que les depositó su confianza mediante el voto en las urnas, alterando la composición política que la sociedad definió democráticamente.  

¿Por qué se van? Las razones rara vez responden a convicciones o ideologías verdaderas. En el fondo operan dinámicas clientelares y de conveniencia: la mayoría se va por dinero, cuotas de poder, acceso a recursos o la promesa de una candidatura más grande para los siguientes procesos electorales. El interés personal aplasta de forma impune el compromiso social.  

Mientras la sociedad no castigue severamente estas prácticas —exigiendo cuentas y negándoles el voto en futuras contiendas—, seguiremos siendo rehenes de verdaderos mercenarios de la política. Ocupados en sus negociaciones mezquinas y en el cálculo del beneficio propio, estos legisladores dejan completamente tirada su responsabilidad primordial: trabajar por un mejor estado para vivir, legislando con justicia y creando leyes adecuadas para servir con dignidad al pueblo que los eligió. En el fondo, esta lamentable práctica constituye un fraude a la democracia.

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