La Universidad Autónoma de Coahuila tiene un rector que parece sentirse más cómodo hablando de proyectos que explicando resultados.
Octavio Pimentel Martínez llegó al cargo en febrero de 2024 con la promesa de modernizar la institución, sanear sus finanzas y recuperar la confianza de la comunidad universitaria. Más de dos años después, el discurso comienza a enfrentar una realidad incómoda: las cuentas pendientes siguen exigiendo respuestas.
Pimentel recibió una universidad con problemas financieros, observaciones de auditoría y necesidades de infraestructura. Nadie puede negarlo. Pero tampoco puede pretender que esa herencia funcione como salvoconducto durante toda su administración. A estas alturas, el rector ya no está para explicar lo que encontró, sino para demostrar lo que corrigió.
Ahí está, para empezar, el adeudo con el Servicio de Administración Tributaria, que en 2024 fue reconocido públicamente por un monto cercano a los $800 millones de pesos. ¿Cuánto se ha pagado? ¿Qué compromisos permanecen vigentes? ¿Qué parte del presupuesto universitario continúa comprometida? Una universidad pública no puede administrar sus finanzas como si se tratara de un asunto reservado para unos cuantos funcionarios.
Y luego vienen las auditorías. Las observaciones financieras que han acompañado a la UAdeC durante distintos ejercicios obligan a una rendición de cuentas mucho más rigurosa que la presentación de informes adornados con fotografías y cifras seleccionadas. El rector tendría que ser el primer interesado en publicar, con absoluta claridad, qué montos fueron solventados, cuáles siguen pendientes y qué responsabilidades se han determinado.
La transparencia tampoco puede ser selectiva. Las compras, los contratos, los proveedores y los gastos de Rectoría merecen una revisión permanente. Si una administración presume austeridad, debe demostrarla con facturas, procedimientos de contratación y resultados verificables. No basta con repetir que los recursos son insuficientes mientras las decisiones sobre su distribución permanecen lejos del escrutinio universitario.
Más delicado todavía es el terreno de los posibles conflictos de interés. La Universidad Autónoma de Coahuila no puede convertirse en un espacio donde los vínculos familiares, las relaciones políticas o las cercanías personales despierten dudas sobre el destino de los contratos. Si existen proveedores relacionados con funcionarios o sus familiares, corresponde transparentar las adjudicaciones, los montos, los servicios prestados y los mecanismos utilizados para prevenir cualquier trato preferencial.
La autonomía universitaria no es una licencia para administrar recursos públicos sin explicaciones. Mucho menos para confundir la institución con el grupo que ocupa temporalmente sus oficinas.
Pimentel también enfrenta cuestionamientos sobre la atención a denuncias de acoso, los procedimientos disciplinarios y los controles administrativos sobre plazas docentes. En estos asuntos, la eficacia de una administración no se mide por la cantidad de reuniones celebradas, sino por la protección efectiva de los estudiantes, la resolución de expedientes y la corrección de las prácticas que originaron los problemas.
Mientras tanto, las necesidades académicas continúan. Laboratorios, aulas, equipos, mantenimiento y mejores condiciones para estudiantes y docentes deberían ocupar el centro de la agenda universitaria. La Rectoría tendría que explicar, plantel por plantel, qué obras prometió, cuáles ejecutó y cuáles permanecen pendientes.
Hay también una cuestión política que Pimentel no ha conseguido dejar atrás: su llegada al cargo mediante una candidatura única, en un proceso que generó inconformidad entre sectores estudiantiles. La elección terminó, pero las preguntas sobre la participación democrática y la independencia de las decisiones universitarias no desaparecieron con la toma de protesta.
El rector tiene derecho a defender su administración. Lo que no tiene es derecho a confundir las críticas con ataques personales ni a considerar que pedir cuentas representa una amenaza para la universidad. La UAdeC no pertenece a Octavio Pimentel, a sus colaboradores ni a ningún grupo político. Pertenece a su comunidad y debe responder ante la sociedad que contribuye a sostenerla.
Por eso, antes de hablar de nuevas aspiraciones, sucesiones o proyectos de largo plazo, Pimentel tendría que resolver una pregunta elemental: ¿qué resultados concretos puede presentar frente a los compromisos que asumió en 2024?
Porque administrar una universidad no consiste en recorrer facultades, encabezar ceremonias o aparecer en fotografías. Consiste en resolver problemas, tomar decisiones difíciles y rendir cuentas incluso cuando las respuestas resultan incómodas.
A Octavio Pimentel le queda tiempo en Rectoría, pero se le está agotando el argumento de la herencia recibida.
Y si pretende que su administración sea recordada como una etapa de transformación, tendrá que demostrar que la UAdeC avanzó más allá de su imagen personal. Porque una cosa es ocupar la Rectoría y otra muy distinta es estar a la altura de ella.
¡¡Yássas!!