México rumbo a la recesión: la factura económica del caso Rocha Moya

México está más cerca de una recesión de lo que el discurso oficial admite. La desaceleración tiene causas internas claras: inversión deprimida, deterioro fiscal y Pemex como lastre estructural. A esa fragilidad se suma una presión externa: la del gobierno de Estados Unidos en torno al caso Rocha Moya y a la red de narcopolítica señalada por su Departamento de Justicia.

El Producto Interno Bruto cayó 0.6 por ciento en el primer trimestre de 2026, la peor caída para un primer trimestre desde 2020, y apenas creció 0.2 por ciento anual frente al mismo periodo del año pasado. Con estos datos, las proyecciones para 2026 deben ajustarse a entre 1 y 1.5 por ciento, aun suponiendo cierta derrama por el Mundial.

La inversión confirma el deterioro. La inversión privada cayó más de 6 por ciento en 2025, su peor retroceso desde la crisis financiera global de 2008-2009, excluyendo la pandemia. En febrero de 2026, la inversión en maquinaria y equipo se desplomó 9.1 por ciento. Y, según el Banco de México, apenas 2 por ciento de los empresarios considera que es buen momento para invertir. Ese dato ya no habla de percepción: habla de confianza, Estado de derecho y expectativas económicas.

También se suma una variable subestimada: la presión política de Estados Unidos.

Mientras la presidenta Sheinbaum exige “pruebas” para proceder contra Rocha Moya, dos de los acusados —el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega— se entregaron a autoridades estadounidenses y estarían colaborando con las dichosas evidencias.

Aquí entran a escena las calificadoras de riesgo crediticio.

Fitch Ratings advirtió el 14 de mayo que Pemex pone en riesgo el grado de inversión soberano. Standard & Poor’s (S&P) degradó la perspectiva de México de estable a negativa y advirtió que podría bajar la nota en los próximos 24 meses. S&P proyecta que la deuda cerrará 2026 en 56.3 por ciento del PIB y se acercará al 60 por ciento para 2029. Moody’s también degradó la nota soberana.

Las calificadoras no son oráculos confiables. Juegan a la política y llegan tarde. Pero tienen peso político y financiero: una degradación, un cambio de perspectiva o la pérdida del grado de inversión elevan costos de financiamiento y reducen el apetito por riesgo.

Aunque no hay elementos públicos suficientes para afirmar que S&P, Moody’s o Fitch estén siendo utilizadas por Washington para presionar a México, tampoco puede descartarse que sus movimientos formen parte del entorno de tensión que enfrenta el gobierno de Sheinbaum por el tema de los narcopolíticos. En cualquier caso, el efecto económico es el mismo: más incertidumbre y menor atractivo de México como destino de inversión.

Si Trump decidiera tomar represalias económicas explícitas por lo que considere falta de cooperación suficiente del gobierno mexicano, las opciones son múltiples: pausar la renegociación del T-MEC, imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, endurecer todavía más las restricciones al envío de remesas bajo el pretexto del combate al lavado de dinero o aumentar la presión regulatoria sobre instituciones financieras vinculadas a México.

Además, circulan rumores sobre la posibilidad de que algún banco mexicano grande sea acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. No hay evidencia pública suficiente para afirmarlo, pero la sola filtración funciona como globo sonda. El mensaje desde Washington es inconfundible: el costo de no cooperar puede escalar.

Por eso la lectura es directa: si los personajes señalados terminan enfrentando a la justicia estadounidense, lo racional para México sería resolverlo cuanto antes por la vía institucional. Cada día sin una salida clara aumenta el costo económico, político y financiero del país.

Y no, esa factura no la paga el gobierno.

La pagan los ciudadanos con menor crecimiento. La pagan los empresarios con menor inversión y mayor incertidumbre. La pagan los trabajadores con menos empleos y menores oportunidades. La pagan las familias con menor poder adquisitivo. La pagan quienes sí cumplen la ley, pagan impuestos, invierten, producen y trabajan aquí.

Así que, aunque México no está todavía en una crisis económica explícita, sí camina hacia el estancamiento y al borde de una recesión de la que no se va a salvar con propaganda.

El país necesita certeza jurídica, disciplina fiscal, cooperación institucional inteligente y una estrategia que entienda que la confianza no se decreta: se construye. La economía pierde tracción, la inversión se contrae, las calificadoras encienden focos rojos y la presión de Estados Unidos apenas comienza.

La pregunta, entonces, más que si México puede evitar la recesión, es si el gobierno actuará a tiempo para impedir que una crisis política termine convirtiéndose en una crisis económica mucho más profunda.

Porque cuando la política protege demasiado a los suyos, la economía termina cobrándole la factura a todos los demás.