México, T-MEC y el riesgo de una economía zombie

Una economía zombie no está muerta. Sigue caminando, conserva empresas, bancos, exportaciones y discursos oficiales de estabilidad, pero empieza a perder la capacidad de crecer, atraer capital nuevo y elevar el nivel de vida de su población.

México corre hoy ese riesgo de estancamiento crónico.

Durante años, el país se sostuvo sobre estabilidad macroeconómica, integración con Norteamérica, la mano de obra competitiva y una posición geográfica privilegiada. Pero esos pilares se debilitan. El crecimiento se arrastra, el PIB per cápita no despega y el Estado, en lugar de fortalecer la certidumbre, parece empeñado en erosionarla.

El T-MEC era el gran alfiler externo de la economía mexicana. Mientras México tuviera acceso preferencial asegurado al mercado estadounidense, podía cometer errores económicos sin pagar el costo de inmediato: cancelar proyectos estratégicos, debilitar contrapesos y elevar la incertidumbre jurídica.

Pero esa comodidad se terminó.

Estados Unidos no renovó automáticamente el T-MEC por otros 16 años. El tratado no murió, pero entró en una fase riesgosa de revisiones anuales, presión política y negociación permanente. Para los inversionistas, eso pesa. El capital no necesita que un tratado se cancele para detenerse; le basta con sospechar que las reglas pueden cambiar.

México no sólo enfrenta una discusión comercial. Enfrenta una crisis de credibilidad.

La narrativa oficial quiere reducir el tema a aranceles, reglas de origen, automóviles, acero, aluminio y déficits comerciales. Todo eso importa. Pero el verdadero elefante en la sala es político. Washington también observa a México como un país incapaz —o renuente— a cooperar plenamente en materia de seguridad, crimen organizado, Estado de derecho y figuras políticas señaladas por la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Ese es el punto que el gobierno de Claudia Sheinbaum hace como si no existiera.

Así, México pretende conservar la certidumbre económica del T-MEC mientras evita cooperar en el tema más incómodo: los narcopolíticos. 

Tarde o temprano, varios tendrán que comparecer ante la justicia estadounidense o ser entregados a ella. La pregunta no es si Washington va a presionar; la pregunta es cuánto daño económico aceptará México antes de hacer lo inevitable.

No tiene sentido sacrificar crecimiento, inversión, empleos y estabilidad para proteger a unos cuantos aliados del régimen. Si algunos tienen cuentas pendientes con la justicia estadounidense, lo responsable sería despejar ese asunto cuanto antes, por interés nacional. La defensa política de unos pocos no puede estorbar la prosperidad de millones.

Tampoco puede exigirse acceso privilegiado al mercado más importante del mundo mientras manda señales ambiguas a su principal socio comercial.

México está en la frontera sur de Estados Unidos. Su destino económico está atado a Norteamérica. Si el gobierno no entiende eso, el costo lo pagarán millones de ciudadanos, no los políticos.

Una economía zombie nace así: primero cae la credibilidad; luego se frena el capital productivo; después se estanca la productividad; más tarde, el crecimiento se vuelve insuficiente para generar empleo de calidad. La economía sigue funcionando, pero deja de avanzar durante años.

Ya hay señales. La actividad económica es débil. La inversión privada no responde. Muchos empresarios prefieren colocar su patrimonio fuera del país. Y ahora, con el T-MEC bajo presión, la última gran ventaja estructural de México depende de revisiones políticas anuales.

El problema no es Trump. Trump puede presionar, negociar duro y usar el comercio como arma política. Eso no sorprende. Lo preocupante es que México llegue debilitado por sus propias decisiones: inseguridad, déficit fiscal, deterioro institucional, incertidumbre jurídica y falta de cooperación política.

La salida no es negar el problema. Es corregirlo. México debe elegir con claridad su lugar en el mundo: Norteamérica, Estado de derecho, cooperación con Estados Unidos, combate real al crimen organizado y narcopolíticos, propiedad privada y reglas confiables para producir e invertir.

Para los ciudadanos, la lección es clara: no se puede tener todo el patrimonio atrapado en una economía que corre el riesgo de “zombificarse”. Invertir fuera de México ya no es sofisticación de ricos; es una necesidad estratégica para proteger capital e ingresos.

El país todavía puede evitar este destino. Pero el tiempo se agota. Tenemos que asegurar el T-MEC cuanto antes como ancla de estabilidad, pues de no hacerlo, el costo no será una simple desaceleración: puede ser una década perdida… o varias.