Morelos en el discurso, Iturbide en los hechos. Parte 1

Un gobierno que invoca a los héroes de 1810 concentra el poder, debilita las defensas del ciudadano, asfixia el federalismo, construye nuevos privilegios y entrega funciones civiles a los cuarteles.

En plenas Fiestas Patrias, entre banderas, música y arengas, conviene pausar el festejo y hacernos una pregunta básica: ¿qué país querían construir quienes nos dieron patria y qué tanto nos parecemos hoy a ese proyecto? El gobierno actual asegura ser heredero de las grandes transformaciones nacionales, incluida la independentista.

La generación de los independentistas no compartió una misma concepción sobre la forma de gobierno. Hubo monárquicos, republicanos, centralistas y federalistas. Pero de los bandos de Hidalgo, los Sentimientos de la Nación, la Constitución de Apatzingán, el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba, el Acta de Independencia, el Acta Constitutiva y la Constitución Federal de 1824 pueden extraerse principios que terminaron definiendo nuestro ADN constitucional: justicia social sometida al derecho, independencia y soberanía, imperio de la ley, división de poderes, independencia judicial, pacto federal y rechazo de los privilegios corporativos.

En justicia social, desde los decretos de abolición de la esclavitud de Hidalgo hasta el Punto 12 de los Sentimientos de la Nación, existe un hilo inequívoco. Morelos pidió leyes capaces de “moderar la opulencia y la indigencia”. En ese terreno la 4T tiene un punto de contacto real: constitucionalizar pensiones, becas y derechos sociales responde a una deuda histórica frente a la desigualdad.

Pero la coincidencia se vuelve incompleta cuando se lee a Morelos entero. El mismo Punto 12 comienza con una premisa: “Que como la buena ley es superior a todo hombre...”. En una sola formulación unió bienestar material y supremacía del derecho. La 4T reivindica al Morelos redistributivo, pero se incomoda con el Morelos que exige que la ley esté por encima de cualquier gobernante.

Ahí comienza la contradicción.

En independencia y soberanía, Morelos fue tajante: América debía ser “libre e independiente de España y de toda otra Nación”. La soberanía no admitía excepciones ideológicas.

La 4T, sin embargo, la ejerce selectivamente. Frente a Estados Unidos utiliza un lenguaje de resistencia, mientras mantiene una deferencia hacia los regímenes de Cuba y Venezuela. Según cifras de Banco de México, durante los primeros 13 meses del actual gobierno federal, las exportaciones petroleras a Cuba superaron los $1,106 millones de dólares, alrededor del 57 por ciento del valor acumulado desde 1993.

Frente a Venezuela, México adoptó una posición cautelosa después de los comicios de 2024, cuya verificabilidad fue severamente cuestionada y cuyas actas completas nunca fueron sometidas a una comprobación independiente aceptada internacionalmente. Y frente a Washington ha debido aceptar importantes condicionamientos derivados de migración, seguridad, comercio y nuestra dependencia económica.

El problema no consiste en preferir a Washington, La Habana o Caracas. Es más elemental: la soberanía deja de ser principio cuando cambia según quién esté del otro lado de la mesa.

Hacia el interior, en el imperio de la ley, la distancia resulta evidente. La tradición insurgente construyó la idea de que la legitimidad de una causa no coloca al gobernante por encima de la norma. Por eso la expresión “no me vengan con que la ley es la ley” rebasa la anécdota: resume dos concepciones antagónicas del poder.

Para Morelos, la buena ley debía ser superior a todo hombre. En la lógica que ha acompañado a la 4T, en cambio, la legitimidad electoral parece permitir considerar normas, procedimientos y contrapesos como obstáculos cuando dificultan la transformación.

La independencia no se hizo para sustituir el absolutismo de un monarca español por la voluntad incontrastable de un gobernante mexicano.

México aprendió esa lección en materia de división de poderes. Agustín de Iturbide se enfrentó al Congreso Constituyente, ordenó la detención de diputados y disolvió la representación nacional en 1822. Dos años después, el artículo 9 del Acta Constitutiva de la Federación dispuso que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial “jamás podrán reunirse dos o más” en una sola corporación o persona.

Dos siglos después, reaparece la tentación de considerar que los contrapesos estorban cuando dejan de obedecer.

Una misma mayoría controla hoy el Ejecutivo y el Congreso y ha podido impulsar reformas constitucionales profundas con deliberaciones frecuentemente reducidas a una formalidad. Al mismo tiempo, se modificaron herramientas diseñadas para contener a esas mayorías.

La reforma al amparo prohibió que las suspensiones contra normas generales produzcan efectos generales. El juicio no desapareció ni el ciudadano quedó jurídicamente indefenso, pero se redujo la dimensión colectiva de su protección cautelar: una norma puede afectar a millones mientras la tutela provisional queda circunscrita a quienes acudan a los tribunales.

También desapareció el INAI. Sus competencias fueron redistribuidas, pero se perdió la independencia constitucional del árbitro encargado de resolver controversias entre el ciudadano y el Estado en transparencia y protección de datos. Y ello ocurre cuando el gobierno amplía sus capacidades para concentrar información, utilizar datos biométricos y desarrollar mecanismos de identificación y vigilancia.

El resultado es sencillo: un Estado con menos contrapesos independientes y un ciudadano con menos árbitros frente al poder.