(ThinkBox Risk Report). Durante más de una década, el sector Fintech creció en las fronteras —y grietas— del sistema financiero mexicano. Atendió segmentos que la banca tradicional consideraba poco rentables, de alto riesgo o simplemente costosos de incorporar: pequeños comercios, trabajadores informales, jóvenes sin historial crediticio y usuarios digitales sin acceso a sucursales.
En ese vacío estructural, el sistema Fintech encontró espacio para innovar con rapidez, apalancándose en tecnología, datos alternativos y modelos operativos ligeros. El resultado fue una expansión acelerada del acceso a pagos digitales, crédito de bajo monto y servicios financieros antes inexistentes para millones de personas.
Sin embargo, ese mismo margen operativo se construyó sobre una supervisión parcial y una regulación de lento movimiento. El estado, enfocado en estabilizar el sistema bancario tradicional y ampliar la inclusión financiera, toleró, digamos, un grado significativo de experimentación en este sector. En la práctica, esto significó esquemas de cumplimiento heterogéneos, interpretaciones regulatorias flexibles y capacidades desiguales de control. Para muchas Fintech, la velocidad y el crecimiento se volvieron ventajas competitivas más relevantes que la institucionalización temprana. El sistema prosperó, pero lo hizo aceptando zonas grises: en gobernanza de datos, en controles antilavado, en protección al consumidor y en responsabilidades frente a fallas operativas.
En los últimos años, ese contexto ha estado cambiando de manera acelerada. La escala alcanzada por Fintech —en volumen de transacciones, número de usuarios y conexión con infraestructuras críticas como sistemas de pagos— ha eliminado la posibilidad de operar fuera del radar estatal. Esta situación era tolerable como innovación; sin embargo, hoy es observada como un riesgo potencial. La combinación de mayor visibilidad pública, presión internacional y sensibilidad política ha cerrado ese espacio intermedio. El Fintech ya no opera en los bordes del sistema financiero, sino que comienza a formar parte de su núcleo y, como tal, enfrenta nuevas exigencias y responsabilidades institucionales.
En esta serie de artículos (3) se analiza por qué el momento actual es decisivo para supervisar mejor la actividad de este sector en las finanzas mexicanas, qué fuerzas están reconfigurando dicho sector y qué decisiones, u omisiones, determinarán si el Fintech mexicano se consolida como motor de desarrollo o entra en una fase más peligrosa.
De excepción tolerada a actor institucional
Durante la última década, el sector Fintech pasó de ser un sistema marginal a convertirse en una de las infraestructuras más influyentes del sistema financiero global. Las plataformas digitales son hoy intermediarios de pagos, crédito, ahorro y datos a una escala que, en algunos casos, supera a la banca tradicional.
En economías emergentes, el modelo Fintech redefinió la forma en que millones de personas se integraban por primera vez al sistema financiero formal, alterando patrones de consumo, modelos de recaudación y, en ciertos casos, crecimiento económico.
México ocupa una posición singular en esta transformación. Es uno de los mercados Fintech más grandes y sofisticados de América Latina, con una combinación poco común de profundidad financiera, adopción tecnológica y necesidad estructural de inclusión.
Pero ese mismo éxito ha elevado el perfil del sector a convertirlo en un poder económico que conlleva un riesgo sistémico y, por ello, se considera un asunto de estado.
El desarrollo en México
Durante años, el sector Fintech en México creció bajo la premisa que la regulación avanzaba de manera lenta, generando modelos innovadores de operación que evolucionaban rápidamente. Esa brecha permitió ciertos niveles de experimentación convirtiendo los modelos de negocio en formatos más ágiles. Hoy, esa misma brecha se ha estado cerrando, y el reto que se impone ahora es tanto tecnológico como estructural.
El sector enfrenta simultáneamente tres presiones profundas. La primera presión es de escala, dado que opera —o puede operar— con millones de usuarios, flujos financieros importantes y una creciente interconexión con el sistema bancario formal. La segunda es la exposición al riesgo sistémico, derivado de fallas en pagos, fraudes digitales, uso indebido de datos o incumplimientos fiscales que ya no son eventos aislados, sino generadores potenciales de crisis. La tercera presión es política, ocasionada por su propia visibilidad, llamando fuertemente la atención tanto de la gente en general como de los organismos públicos reguladores.
El reto para el sistema Fintech es demostrar que pueden operar como infraestructura confiable dentro de un proyecto de país, sin depender de excepciones regulatorias ni de tolerancia institucional informal.
El momento crítico: una ventana que no se repite
El periodo 2026-2027 constituye un período crucial para el sistema Fintech. En esos meses se definen reformas secundarias, criterios de supervisión, prioridades presupuestales y narrativas públicas que marcarán todo el sexenio. A diferencia de años anteriores, las decisiones podrán no tomarse dentro de un concepto optimista de expansión, sino de cautela política y control de riesgos.
Además, la proximidad de las elecciones intermedias introduce un incentivo claro para el Ejecutivo y el Legislativo Mexicano que se verán obligados a reducir cualquier flanco de vulnerabilidad que pueda convertirse en costo electoral. En ese contexto, los sectores que no logran articular su valor social tienden a ser regulados con mayor rigidez bajo la mantra de la prevención.
Esta situación crea un contexto crítico porque las reglas que se definan ahora no serán fácilmente reversibles. Las empresas que no influyan en esta etapa cargarán con marcos diseñados sin considerar sus realidades operativas durante todo el ciclo político.
La alternativa de solución: institucionalizar para sobrevivir
Frente a este escenario, la alternativa racional de solución no pasa por frenar la regulación ni por confrontarla. Tampoco debería considerarse la fragmentación de esfuerzos individuales. La alternativa para el sector Fintech es, más bien, institucionalizar al sector antes de que otros lo hagan por él.
Institucionalizar al sistema implica tres movimientos estratégicos. Primero, abandonar la narrativa de excepción y adoptar una de corresponsabilidad. El objetivo sería mostrar cómo el sector Fintech contribuye a la inclusión financiera y a la formalización económica de miles de personas al sector económico nacional. Segundo, profesionalizar los asuntos públicos, con voceros legitimados, mensajes consistentes y presencia constante en los espacios en los que se define la política pública dirigida al sector. Tercero, anticipar riesgos regulatorios y operativos —AML, ciberseguridad, fiscalización— como costos estructurales del negocio, no como contingencias. Es decir, profesionalizar la figura del sistema ante la gente y ante el gobierno.
La razón de lo anterior se deriva de la primicia de que los sectores que logran integrarse al modelo de trabajo (lenguaje, operación) del estado suelen obtener reglas más claras en la operación, mayor certidumbre en el contexto económico a largo plazo y mejor acceso a capital.
Los que no lo hacen, quedan sujetos a correcciones abruptas y desconfianza prolongada.
Este escenario negativo es conocido. Un sector reactivo y sin narrativa social enfrenta regulaciones más duras y mayor escrutinio punitivo. El resultado es una menor competencia y pérdida de atractivo para inversión.
El escenario positivo es, claro, distinto. Un sector Fintech institucionalizado, alineado con prioridades nacionales y capaz de autorregularse estratégicamente, se convierte en aliado del desarrollo económico. Gana estabilidad regulatoria, atrae capital nacional y extranjero y fortalece su legitimidad política.
La diferencia entre ambos futuros depende del timing y de la voluntad del sector de madurar a tiempo.