Modalidad 40: el gobierno se queda sin dinero y cambia las reglas
Inteligencia Financiera Global
El fin de la Modalidad 40 del IMSS, al menos como se conocía hasta ahora, es una señal más de un problema que se vuelve cada vez más evidente: las finanzas públicas están sometidas a presiones crecientes y el gobierno necesita obtener más recursos, reducir compromisos y contener gastos. Las consecuencias comienzan a sentirse directamente en el patrimonio de las familias mexicanas.
La Modalidad 40, conocida formalmente como Continuación voluntaria en el régimen obligatorio, permitía a quienes comenzaron a cotizar antes de la reforma de 1997 continuar realizando aportaciones al IMSS después de dejar un empleo formal. Su principal atractivo era la posibilidad de incrementar el salario base de cotización —hasta el límite de 25 UMA— para alcanzar una pensión considerablemente mayor al momento del retiro.
El mecanismo era particularmente favorable porque permitía obtener una pensión vitalicia, con beneficios también para los familiares en caso de fallecimiento del pensionado. No sorprende, por tanto, que cada vez más trabajadores buscaran aprovecharlo. Los cotizantes aumentaron de $91,000 en 2013 a 200,000 en 2020 y alcanzaron aproximadamente $275,000 al cierre de 2024.
Sin embargo, los cambios anunciados modifican sustancialmente ese esquema. Para las nuevas incorporaciones se plantea limitar el salario base de cotización al último registrado, con un incremento máximo de una UMA. Esto restringiría la posibilidad de realizar aportaciones sobre salarios considerablemente superiores a los percibidos durante la vida laboral.
Aunque oficialmente se sostiene que la Modalidad 40 no desaparecerá, sus principales ventajas quedarían severamente limitadas. Quienes ya se encuentran inscritos conservarían sus condiciones mientras continúen cumpliendo sus obligaciones. Sin embargo, todavía existen aspectos pendientes de definición, particularmente sobre la aplicación de las nuevas reglas y sus consecuencias para quienes interrumpan sus aportaciones.
La justificación oficial es combatir los fraudes cometidos mediante este mecanismo. Pero si existen intermediarios o particulares que defraudaron al Seguro Social, lo procedente sería investigar y sancionar a los responsables. No limitar los beneficios de quienes actuaron conforme a la ley.
El problema es que, una vez más, las medidas terminan afectando a quienes cumplen las reglas. Algo semejante sucede con las empresas formales cuando se restringen las deducciones fiscales y aumenta su carga tributaria efectiva, bajo el argumento de combatir prácticas indebidas de otros contribuyentes.
Detrás de estas decisiones aparece un problema fundamental: el gasto público crece continuamente y los recursos nunca parecen suficientes. Las pensiones, los programas sociales, los compromisos presupuestarios y el servicio de una deuda cada vez mayor absorben cantidades crecientes de dinero. En lugar de corregir el problema del gasto, se buscan nuevas formas de aumentar la recaudación o reducir beneficios.
México no enfrenta fundamentalmente un problema de ingresos públicos, sino de gasto. Por más que aumente la recaudación, si los compromisos crecen todavía más, el desequilibrio permanece. Ninguna economía puede sostener indefinidamente un gasto público que crece por encima de su capacidad para financiarlo.
La preocupación, además, no debería limitarse a las pensiones. El encarecimiento de los seguros de gastos médicos, las nuevas disposiciones catastrales y las restricciones al uso del efectivo forman parte de un entorno en el que las decisiones económicas y patrimoniales de las familias enfrentan nuevas dificultades. También existen riesgos asociados a la concentración de recursos en cuentas bancarias o propiedades cuya disponibilidad puede verse afectada por decisiones de las autoridades.
De ahí la importancia de una conclusión esencial: depender exclusivamente de una pensión para financiar la vejez es una estrategia financieramente vulnerable. Esto no significa renunciar a derechos legítimamente adquiridos, sino reconocer que las reglas pueden cambiar y que la seguridad económica no debería descansar únicamente en decisiones ajenas.
La alternativa es construir verdadera autonomía financiera: ahorrar de manera sistemática, evitar deudas innecesarias, incrementar los ingresos e invertir en activos que conserven y aumenten su valor a largo plazo. También resulta fundamental diversificar el patrimonio, incluyendo inversiones internacionales que permitan reducir la concentración de riesgos en un solo país.
El dinero que permanece inmóvil pierde poder adquisitivo con el tiempo. Invertir consiste precisamente en transformar ese dinero en activos capaces de preservar y acrecentar su valor. La acumulación de capital propio permite afrontar imprevistos, aprovechar oportunidades y preparar un retiro digno sin depender exclusivamente de una pensión.
El cambio en la Modalidad 40 deja una advertencia que trasciende al IMSS: cuando las finanzas públicas enfrentan presiones, las condiciones pueden modificarse. Por eso, más importante que confiar el futuro a promesas o prestaciones es construir un patrimonio propio.
La verdadera seguridad financiera no consiste en depender de que las reglas nunca cambien, sino en contar con los recursos y la libertad necesarios para enfrentar esos cambios.