El domingo por la tarde, en un retén de la autopista de cuota Nuevo Laredo–Monterrey, a la altura de Sabinas Hidalgo, dos tractocamiones con placas extranjeras abrieron sus plataformas.
Adentro llevaban 210 armas —195 largas y 15 cortas—, 93 cargadores y tres hombres.
Las armas viajaban en compartimentos ocultos, sobre semirremolques modificados que habían salido de Texas.
Nueve días antes, en el mismo municipio y en Los Ramones, otro operativo había detenido a nueve personas con armas, droga y equipo balístico.
Ayer, Omar García Harfuch sumó el cargamento a las más de 30,000 armas decomisadas en lo que va del presente sexenio.
Lo que el boletín no dice es que decomisar no es lo mismo que desarmar.
Tres detenidos sin nombre público no son una red. Dos plataformas acondicionadas no son una ruta cerrada. 210 fusiles —AR-15, AK-47, rifles de alto poder— son un inventario de guerra.
Casualmente, ayer terminé de leer el libro Sangre, armas y dinero (2021), de Ioan Grillo, cuando salió el comunicado de García Harfuch.
Este periodista británico lleva dos décadas siguiendo el crimen organizado a los dos lados de la frontera y me gusta léelo. Es hombre enterado.
Y hay una imagen que no se me quita de la cabeza: un fusil de asalto fabricado en Rumania, comprado en una tienda de Texas, que termina en manos de un sicario de Los Zetas y sirve para matar a un agente federal en Tamaulipas. El número de serie sigue intacto. El arma se volvió ilegal en el mostrador de una armería estadounidense.
Grillo llama a ese tránsito “río de hierro”: el flujo que sale de la legalidad estadounidense —tiendas, ventas privadas, garajes de Florida y Arizona— y se va al mercado negro para regar Baltimore y el noreste de México.
Grillo arranca su historia en un tribunal de Brooklyn, con Joaquín “El Chapo” Guzmán escuchando su sentencia. Se pregunta el autor cómo armó un ejército en Sinaloa y, sobre todo, dónde lo compró.
¿Dónde? En centros comerciales. 70% de las armas recuperadas en México y rastreadas vienen de tiendas estadounidenses.
Harfuch lo dijo con otra cifra: más del 80% de lo decomisado en este sexenio proviene de EUA.
Un AR-15 que en mostrador cuesta $800 dólares, se vende en $3,000 dólares de este lado.
Esa diferencia mueve la cadena. Las armas se intercambian por metanfetamina que viaja al revés. Drogas al norte, armas al sur.
Lo de Sabinas Hidalgo es parte de esa corriente de hierro.
Quien esconde 195 armas largas en dos semirremolques conoce el peaje, el retén, la hora y al cliente que espera más abajo, hacia Monterrey.
Ahí está el lado que el libro de Grillo —centrado en la oferta estadounidense— deja a medias, pero que esta columna, Agenda Poder, no puede pasar por alto. El río necesita orilla. La orilla somos nosotros: la demanda de los cárteles, la reventa interna, las armas de uso exclusivo que se extravían en corporaciones; la corrupción que convierte un compartimento modificado en trámite rutinario.
Sin comprador aquí, en el noreste de México, el semirremolque simplemente no cruza.
Sin permiso no llegaría a Sabinas.
Grillo no juzga a los adolescentes que crecen viendo la bala como herramienta de sobrevivencia. Solo dice que en un país donde comprar una pistola puede ser más fácil que sacar una licencia de conducir, los pobres pagan el costo y los cárteles reciben el pedido.
En el epílogo de su libro propone cuatro medidas fortalecer la verificación de antecedentes, prohibir las armas de asalto, limitar la compra de munición y cerrar el vacío de las ventas privadas.
No se trata de desarmar al ciudadano responsable. Se trata de secar el cauce que alimenta al criminal. Mientras ese debate no exista en Washington, el retén de Sabinas será necesario e insuficiente.
Si el gobierno quiere convertir el decomiso en éxito político, tiene que explicar a quién iban las armas, quién las pagó y qué red queda en pie cuando se llevan a los tres del volante.