Morena: no mentir, no robar y no traicionar

El escenario político de Nuevo León vuelve a sacudirse ante lo que parece una comedia de incongruencias, aunque en realidad encierra un episodio profundamente grave para la vida pública y la ética de las instituciones políticas. Lo que comenzó como un rumor hoy cobra forma y sustento: trascendió la constancia de registro en línea (con folio 04977024) que confirma la inscripción de Karina Barrón en el proceso interno de Morena para buscar la diputación federal por el Distrito 10 de Monterrey.  

El senador Waldo Fernández tenía razón cuando anticipó que Karina Barrón buscaría integrarse a los cuadros de Morena y cuando exigió públicamente a la recién designada coordinadora por la transformación de Nuevo León, Clara Luz Flores, que hiciera saber su postura y se deslindara públicamente de esta incorporación. Hoy los hechos le dan la razón.  

Para poner en dimensión este suceso, basta recordar el antecedente inmediato apenas en marzo pasado, cuando ejercía como secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, Karina Barrón fue detenida y vinculada a proceso por un juez federal por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones, derivados de la denuncia penal presentada en su contra por el propio Waldo Fernández. Barrón recuperó su libertad tras suscribir un acuerdo que la obligaba, entre otras cosas, a abstenerse de buscar cargos públicos en un plazo determinado.  

Aunado a ello, se utilizó perversamente la ley a través de una denuncia para fabricar un chantaje político. Fabricar una acusación de este calibre mina la credibilidad de las víctimas, dinamita los avances en la protección de los derechos de las mujeres y perpetúa la desconfianza con la que miles de mujeres que sufren violencia real son recibidas al denunciar. Usar una causa tan sensible con fines electorales no solo banaliza la violencia de género, sino que perjudica directamente a las verdaderas víctimas al restarle rigor y solemnidad a una lucha histórica.

La carrera profesional de Karina es el mapa perfecto del pragmatismo político: pasó por las filas del PAN en 2015; migró al equipo independiente de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, desde el Congreso local; pasó a Movimiento Ciudadano en 2018 —donde mantuvo enfrentamientos con Samuel García y Luis Donaldo Colosio, a quien posteriormente, en la campaña de 2024 por el Senado, denunció por violencia política en razón de género, difamación, calumnias y expresiones denostativas—; llegó al PRI en 2020 bajo la cobija de Alejandro “Alito” Moreno y se integró al municipio de Monterrey posteriormente como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva. Esta conducta refleja un patrón recurrente de transfuguismo y falta de lealtad o pragmatismo, como ahora se le llama. Y hoy, a apenas siete meses de estar en prisión y sin el menor sonrojo, busca refugio y candidaturas en las filas del partido que abandera a su propia víctima.  

Pero el dilema no acaba en la figura de Karina Barrón. La gran pregunta de fondo apunta hacia las dirigencias e instituciones del movimiento. Morena estatal no se ha pronunciado al respecto.  La postura formal queda ahora en manos de la Comisión Nacional de Elecciones, que encabeza Citlalli Hernández, quien deberá actuar en consecuencia.  Como adelanto, el día de ayer, en respuesta a un tuit que denunciaba como golpe bajo la inscripción de Karina a las candidaturas federales, Citlalli Hernández escribió en X desde la cuenta @CitlaHM: “Ningún golpe bajo. Si fuera real que Karina N se registró, por supuesto que no será aceptada. Lo que le hicieron ella y los autores intelectuales a @FdzWaldo, para mí, es imperdonable y lo tenemos muy claro”.

Sin embargo, el deslinde no puede recaer solo en la dictaminación de la dirigencia nacional o en la postura en redes de la presidenta de la Comisión de Elecciones. Clara Luz Flores y la dirigencia del partido estatal le deben a Waldo Fernández y a la militancia una postura tajante, congruente y contundente. Aceptar el registro o la cooperación electoral de quien ha violado acuerdos judiciales y ha instrumentalizado las leyes penales para la coacción política no solo enciende una hoguera de indignación en las bases, sino que invalida de tajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar.  

La ciudadanía y la militancia merecen respeto. Frente al pragmatismo que premia la impunidad y la falta de lealtad con candidaturas, valdría la pena preguntar a las bases, que son los que mantienen vivo al movimiento, si están de acuerdo con que perfiles como este se adhieran a morena y no solo sean decisiones de una cúpula partidista.  Como dijera AMLO: ¡fuera máscaras!