Ni la UIF ni las Afores: el verdadero riesgo es creer lo que ves en redes

En los últimos días, México ha sido inundado por una ola de miedo financiero. Redes sociales, videos virales y “expertos” improvisados han instalado la idea de que el gobierno está a punto de apropiarse de los ahorros de los trabajadores o de congelar cuentas bancarias de manera indiscriminada. Nada de eso es cierto. Pero tampoco significa que no haya riesgos. El problema de fondo no es solo económico o legal: es informativo. En un entorno saturado de propaganda, medias verdades y narrativas interesadas —provenientes tanto de actores internacionales como de una oposición política débil y sensacionalista—, el ciudadano promedio queda atrapado entre el alarmismo y la negación, y es precisamente en ese terreno donde se toman las peores decisiones financieras.

Comencemos con la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, es cierto que sus facultades han sido reforzadas y que, con el aval de la Suprema Corte, puede ordenar el congelamiento de cuentas sin un proceso judicial previo en ciertos casos. Es un tema delicado que implica un desequilibrio preocupante en la presunción de inocencia: primero se actúa y después se defiende. Eso es una mala señal institucional y no debe minimizarse. Pero de ahí a pensar que cualquier persona está en riesgo inmediato de perder acceso a su dinero hay un abismo. Para la gran mayoría de quienes operan dentro de la legalidad y con cierto orden financiero, el riesgo es bajo. El verdadero error es reaccionar con pánico.

Algo similar ocurre con las Afores. Se ha difundido con insistencia que el gobierno pretende quedarse con el 30% de los ahorros de los trabajadores. Es falso. Ese porcentaje corresponde a un límite ya existente que permite a las Afores invertir parte de sus recursos en instrumentos estructurados, incluyendo proyectos de infraestructura. No es nuevo, no es obligatorio y no implica confiscación alguna. De hecho, hay una ironía que casi nadie menciona: una parte relevante de los recursos de las Afores ya está invertida en deuda gubernamental. Es decir, el gobierno ya se financia indirectamente con ese dinero. El sistema puede criticarse, pero no por algo que simplemente no está ocurriendo.

Si se quiere entender el riesgo real, hay que mirar en otra dirección. México enfrenta un problema estructural de gasto público. El déficit fiscal sigue siendo elevado, el gasto corriente crece —sobre todo en programas políticamente rentables— y la inversión pública se recorta. Es una combinación peligrosa: se sacrifica el futuro para sostener el presente. A esto se suman señales cada vez más preocupantes para la inversión privada: cambios regulatorios constantes, debilitamiento institucional, decisiones judiciales controvertidas y una concentración de poder que erosiona los contrapesos. El resultado es un entorno de incertidumbre que inhibe la creación de riqueza. No es un colapso inmediato, es algo peor: un deterioro progresivo.

Lo que México enfrenta no es una crisis súbita, sino un proceso de estancamiento con inflación. Crecimiento débil, precios al alza y pérdida sostenida de poder adquisitivo. Una especie de “muerte lenta” económica que no genera titulares espectaculares, pero sí consecuencias profundas. En ese contexto, el mayor riesgo para las personas no es que el gobierno les quite directamente su dinero, sino que lo pierdan en términos reales por malas decisiones, por desinformación o por simple inacción. El debate público, sin embargo, sigue atrapado entre dos extremos igual de inútiles: el alarmismo que busca generar pánico y el discurso oficial que insiste en que todo va bien. Ninguno ayuda.

A pesar de todo, hay una realidad que conviene no perder de vista: incluso en entornos adversos, hay quienes prosperan. Las cifras récord en ventas de automóviles en México son prueba de que la economía no es homogénea y de que existen bolsillos de dinamismo. Siempre los hay. La diferencia no está en el entorno, sino en la capacidad de entenderlo y actuar en consecuencia. Esa es la línea que separa a quienes se estancan de quienes avanzan.

El problema es que la mayoría no está tomando decisiones con información de calidad, sino reaccionando a lo que ve en redes. Y eso, en un entorno como el actual, es un error costoso. Porque no hay peor combinación que incertidumbre económica con ignorancia financiera. Al final, el ciudadano no puede delegar su bienestar ni al gobierno ni a la narrativa dominante. Tiene que asumirlo. Informarse mejor, diversificar, proteger su patrimonio y actuar con criterio. No es momento de pánico, pero tampoco de ingenuidad. Es momento de entender… y de dejar de creer todo lo que aparece en una pantalla.