Quedé con un contacto de la FGR en un café de San Pedro hace unos días.
Le pedí que me explicara cómo operaba el esquema de facturación falsa ligado al huachicol fiscal. No solo el que se exhibió públicamente en varios estados del país, sino también el que puede tocar a Nuevo León.
—Ulises Lara López, el vocero de la Fiscalía, lo explicó en abril —empezó mi contacto, apoyando los codos sobre la mesa—. Habló de empresas que facturaban operaciones de logística, transporte y almacenamiento de combustible que nunca existieron. Se habló de más de 40 empresas y de operaciones simuladas por más de $23,000 millones de pesos.
—¿Qué significa que nunca existieron?
—Que no tenían camiones. No tenían bodegas. No tenían personal. No tenían permisos energéticos. Solo tenían papeles del SAT, cuentas bancarias y facturas timbradas.
Probó el café.
—¿Y cómo facturaban si no tenían nada físico? —insistí.
—Porque el delito actual ya no siempre necesita bodegas. A veces le basta una contraseña fiscal. La empresa fachada tiene su RFC. Tiene su Certificado de Sello Digital (CSD). No es la e.firma, pero le sirve para sellar facturas electrónicas. Con eso genera un CFDI 4.0.
—¿Qué es un CFDI 4.0?
—La factura electrónica oficial que se usa en México. Ahí meten conceptos falsos: “servicios de transporte de lubricantes”, “almacenamiento de aditivos”, “logística integral”, “maniobras especializadas”. Nunca ponen “gasolina robada” ni “combustible importado sin pagar impuestos”.
Hizo una pausa para beber su taza y continuó.
—Luego esa factura se manda a un PAC, un Proveedor Autorizado de Certificación. Es una empresa privada autorizada por el SAT para validar la estructura de la factura y timbrarla. El PAC le agrega el timbre fiscal y le asigna un UUID.
—¿Qué es eso?
—El folio único de esa factura. En segundos, una operación falsa ya tiene apariencia legal.
Bebió otro sorbo.
—¿Y para qué sirve eso en la práctica? —pregunté.
—Para vestir de legalidad el movimiento de combustible que entró al país declarado como otra cosa. Aditivos. Lubricantes. Aceites. Productos que pagan menos o que no pagan el mismo IEPS que la gasolina o el diésel.
—Y el IEPS es…
—El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. En gasolina pesa muchísimo. Es una parte enorme del precio final. Si lo evades, puedes vender más barato, ganar más o ambas cosas.
Dejó la taza sobre la mesa.
—Una vez que el producto ya está en México, alguien tiene que moverlo, almacenarlo o mezclarlo. Entonces aparece la empresa fachada. La gasolinera, el distribuidor, el transportista o el intermediario “contrata” supuestos servicios de logística. La empresa fantasma emite la factura. El PAC la timbra. El cliente la mete en su contabilidad como gasto deducible. Y el dinero que venía de una operación irregular aparece, de pronto, como pago por un servicio legítimo.
Ahí estaba la clave. El huachicol fiscal no solo roba impuestos. Convierte un vacío en documento. Convierte una fachada en proveedor.
Le pregunté por qué el SAT no lo detectaba antes si esas empresas no tenían infraestructura.
—El SAT no es ciego —respondió—. Pero muchas veces llega tarde. Primero se emite la factura. Luego se cruza la información. Luego se detecta que una empresa factura millones, pero no tiene empleados, no tiene activos, no paga impuestos proporcionales, no tiene permisos energéticos, no tiene camiones, no tiene bodegas. Para cuando la autoridad arma el rompecabezas, el combustible ya se vendió y el dinero ya cambió de manos.
—Entonces el sistema timbra antes y sospecha después.
—Exacto. Y en ese intervalo vive el negocio.
Le recordé la nueva regla del Complemento Concepto para Hidrocarburos y Petrolíferos.
—Ahí les cerraron una puerta grande —dijo—. A partir del 24 de abril de 2026, para facturar gasolina, diésel u otros petrolíferos, la factura debe incluir información específica permiso de la autoridad energética, tipo de producto, origen, destino y datos que permiten cruzar la operación. Ya no basta con poner “logística integral” y esconder el combustible detrás de una palabra bonita.
—¿Y la autoridad energética?
—Antes era la CRE. Ahora hablamos de la CNE, la Comisión Nacional de Energía. Si quieres vender, transportar, almacenar o comercializar combustible, necesitas permisos. Y si la factura no corresponde con esos permisos, el sistema puede bloquearla, generar alertas o dejar rastro. Ya no es tan fácil timbrar cualquier cosa como si fuera legal.
Revisó su teléfono un segundo, pero lo guardó sin responder.
—¿Entonces se acabó el huachicol fiscal?
Sonrió.
—No. Se acabó una de sus formas más cómodas. No el negocio.
—¿Cómo lo hacen ahora?
—Más sucio. Más riesgoso. Mezclan combustible irregular con combustible que sí pagó impuestos en tanques de estaciones con permiso. Venden en efectivo a clientes que no piden factura. Usan razones sociales de autoconsumo o de uso propio, donde el combustible supuestamente es para maquinaria, flotillas o equipos internos. Mueven menos volumen, pero siguen moviendo dinero.
Arrugó la servilleta entre los dedos.
Me quedé callado.
El viejo huachicol necesitaba ductos, mangueras, pipas clandestinas y tomas escondidas en la madrugada.
El nuevo huachicol puede necesitar una oficina vacía, una cuenta bancaria, un certificado digital y una factura timbrada a plena luz del día.
—Piensa en esto —me dijo mi contacto—. Una puerta blindada en un edificio de oficinas. Tiene un anuncio en la fachada “Logística y Transporte de Hidrocarburos del Norte”. El letrero está bien puesto. La razón social suena seria. La factura está timbrada. Pero abres la puerta y no hay nada. No hay empleados. No hay patio de maniobras. No hay camiones. No hay tanques. Solo un pasillo que no lleva a ninguna parte.
Mi contacto se terminó el café de un trago. Volteó a ver una puerta de servicio, aparentemente clausurada.
— Así mero. Y la pregunta que queda es cuánto tiempo van a tardar en encontrar la siguiente puerta. Porque siempre aparece una.
Me pregunté entonces si detrás de esa puerta de servicio había algo. O si solo iba a dar a un espacio vacío.