En las cálidas y secas tierras de Nuevo León, el valioso recurso del agua se ha convertido en un tesoro escaso. Mientras miles de familias nuevoleonesas enfrentan la escasez, la sombra del próximo trasvase de agua a Tamaulipas se cierne sobre el horizonte, exacerbando una ya grave crisis hídrica.
El trasvase planeado implicaría enviar 164 millones de metros cúbicos de agua desde la presa El Cuchillo en Nuevo León a Tamaulipas. Esto representaría más de cuatro meses de consumo para el estado de Nuevo León, un hecho que no puede ser pasado por alto, dado que este volumen de agua podría significar la diferencia entre la sequía y el sustento para muchas familias.
A pesar de la más que evidente necesidad de agua en Nuevo León, el acuerdo de 1996 entre ambos estados ha mantenido la práctica del trasvase, independientemente del coste humano y ambiental para Nuevo León. Año tras año, se ha permitido que esta injusticia perdure, sin considerar adecuadamente las crecientes necesidades y derechos de los habitantes de Nuevo León.
La postura de Tamaulipas, liderada por el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga, se mantiene firme en hacer valer este “derecho”, dejando a Nuevo León en una posición de vulnerabilidad y desventaja. Quiroga afirma que “no es un tema de querer o no”, sino de cumplir con lo acordado, ignorando la realidad palpable de la crisis hídrica en Nuevo León.
Además, el ajuste al umbral para enviar agua, de 315 Mm³ a 516 Mm³, añade un nuevo nivel de complejidad y controversia a la situación. Nuevo León se encuentra en la encrucijada de cumplir con un acuerdo que no refleja las necesidades actuales y de luchar por el derecho a agua de sus ciudadanos. El año pasado aunque no había agua suficiente como quiera se hizo el trasvase y el resultado ha sido que por meses, miles de familias han tenido que sufrir por la falta del vital líquido.
Este trasvase, si se lleva a cabo en las actuales condiciones de escasez, destacará una vez más la falta de equidad y justicia en la gestión del agua entre estos dos estados. Los ciudadanos de Nuevo León merecen que se priorice su acceso a agua antes de cumplir con acuerdos desactualizados.
En última instancia, la decisión de proceder con el trasvase será un reflejo de los valores y prioridades de nuestros líderes y sociedad. ¿Permitiremos que se perpetúe la injusticia nuevamente, o abogaremos por un futuro en el que el derecho al agua se proteja y priorice por encima de todo? La respuesta a esta pregunta definirá nuestro camino en los años venideros.
En este contexto crítico, es necesario reflexionar sobre el valor inherente del agua y su papel indispensable en la vida diaria de cada ciudadano. Para las miles de familias en Nuevo León, el agua no es simplemente un recurso; es el elemento vital que sustenta sus vidas. La perspectiva de perder más de cuatro meses de consumo de agua a favor de otro estado no es sólo impráctica, sino inhumana.
El caso del trasvase a Tamaulipas no es simplemente una cuestión burocrática o administrativa; es un llamado a la acción para proteger los derechos humanos fundamentales de acceso al agua. La dignidad y el bienestar de los ciudadanos de Nuevo León no pueden ser ignorados o subordinados a acuerdos obsoletos y desiguales.
A su vez, es fundamental que los líderes de ambos estados, así como el gobierno federal, intervengan de manera responsable y equitativa. Se deben explorar y proponer soluciones innovadoras y sostenibles que beneficien a ambas partes, y no sólo a una. La cooperación y el diálogo deben prevalecer sobre la rigidez y la unilateralidad.
Es responsabilidad de todos levantar la voz y exigir justicia, equidad y sostenibilidad en la gestión del vital líquido. Es muy triste casi un año después volvernos a hacer la misma pregunta: ¿Quién defiende el agua de Nuevo León? La respuesta es aún más triste: Los ciudadanos estamos solos en este reclamo.