El arranque del ciclo escolar en Tamaulipas deja cifras relevantes y también áreas de oportunidad en materia de información pública.
El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó el acto en Soto la Marina, acompañado por la presidenta municipal Glynnis Jiménez Vázquez, con una inversión estatal de $354 millones de pesos en útiles y uniformes, presentada como beneficio para 606,702 alumnos de educación básica.
El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, detalló el alcance operativo: 500,000 paquetes de útiles y 71,009 paquetes de uniformes, distribuidos en 31 de los 43 municipios. De ahí se desprende que la cobertura de uniformes corresponde a una fracción del padrón total y que doce municipios no figuran en la entrega. Los criterios de selección no fueron precisados durante el evento. Un segundo elemento conviene documentar.
Desde marzo, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, otorga la beca Rita Cetina en primaria, con un pago anual de $2,500 pesos destinados a uniformes y útiles. La coexistencia de ambos esquemas, uno en efectivo y otro en especie, amerita una explicación técnica sobre su complementariedad y sobre la modalidad de contratación empleada. Finalmente, de los más de $2,000 millones de pesos referidos por Valdez García, la mayor parte proviene de programas federales; la aportación estatal directa es de $354 millones.
El plantel, además, fue entregado con la Secretaría de Marina, representada por el almirante Ramiro Lobato Camacho. La información faltante es hoy el mejor complemento del anuncio.
LOS 43 INFORMES Y LA DELGADA LÍNEA INSTITUCIONAL
El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció que acompañará los informes de los 43 ayuntamientos. La ruta inicia el jueves en Nuevo Laredo, con la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas. La lectura oficial es coordinación institucional. Conviene revisar el marco.
El informe municipal es una obligación del ayuntamiento frente a sus ciudadanos. La revisión de la cuenta pública corresponde al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior. La presencia del titular del Ejecutivo no válida cifras ni sustituye fiscalización; sí modifica el tono del acto: donde debería haber escrutinio, hay presídium. El punto ciego es el calendario.
La elección local de 2027 está a diez meses. Cuarenta y tres actos públicos, con recursos públicos, en plena antesala del proceso, rozan el artículo 134 constitucional y el principio de equidad que vigila el IETAM.
Carlos Peña Ortiz en Reynosa, Eduardo Gattás Báez en Victoria y José Alberto Granados en Matamoros encabezan municipios donde la reelección está en juego, y en Tampico, el gobernador acompañará a su hermana, Mónica Villarreal Anaya.
La agenda no evalúa obra pública: distribuye respaldo político y ordena, de paso, la sucesión de 2028. La pregunta pertinente: ¿quién fiscaliza al fiscalizador cuando el Ejecutivo se vuelve parte del acto?
¡¡Yássas!!