Cuando un gobierno decide cambiar el rumbo de su modelo educativo, lo que está en juego es mucho más que una política pública; es un proyecto de Estado que exige una responsabilidad mayúscula de todas las partes involucradas.
En 2022, la nueva Constitución de Nuevo León redefinió el derecho a la educación bajo principios de calidad, inclusión y gratuidad. A partir de su implementación, el Gobierno del Estado impulsó políticas públicas que se han mantenido vigentes hasta el día de hoy, como el programa de escuelas de tiempo completo y jornada ampliada, que pasó de 282 planteles inscritos a 1,344; así como la educación dual, que pasó de beneficiar a menos de 200 estudiantes a más de 13,000 alumnos y 1,400 empresas inscritas en este año.
Gracias a estos y muchos otros programas, hoy Nuevo León tiene el primer lugar nacional en reducción de rezago educativo. Cada vez más niños tienen la oportunidad de seguir estudiando y más jóvenes tienen la oportunidad de terminar sus estudios.
Ahora tenemos en puerta una nueva Ley de Educación reglamentaria que establece un sistema educativo gratuito e inclusivo. Pero, además, incorpora elementos que responden a las exigencias actuales, como el uso de tecnología, la atención obligatoria a la salud mental y a alumnos con discapacidad, autismo o condiciones neurodivergentes, y la vinculación directa con el mundo laboral.
El alcance de esta ley está en su carácter estructural. Muchas de las acciones que hoy se implementan dejarían de depender exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno y pasarán a estar respaldadas por ley. Esto significa continuidad, certidumbre y también mayor exigencia institucional.
Para las familias de Nuevo León, esta ley representa un cambio concreto en las oportunidades de sus hijos. Implica mejores herramientas para aprender, mayor acceso a apoyos, escuelas con mejores condiciones y una formación más alineada con el mercado laboral. De esta manera, pondremos en el centro a quienes históricamente habían quedado fuera o no habían sido atendidos como se debe.
Por eso, desde el Gobierno estamos revisándola con lupa, para que la ley que se publique no tenga cabos sueltos y que integre todo lo que sea necesario para que a los alumnos, a los maestros y a Nuevo León les vaya bien.
Estamos ante un punto de inflexión en materia educativa. La aprobación de esta ley puede consolidar un proceso que inició con la reforma constitucional y continuó con la implementación de políticas públicas, hasta traducirse en un marco jurídico que garantiza su permanencia. En ese sentido, se trata de un cambio de etapa en la forma en que se entiende la educación en el estado, demostrando una vez más que desde Nuevo León se construye el futuro de nuestro país.