Desde los tiempos más remotos, los impuestos son consignados por los historiadores como una de las principales causas de guerras, revoluciones y decadencia de grandes civilizaciones.
La decadencia de la civilización egipcia fue consecuencia, en parte, de intolerables impuestos que detuvieron el proceso productivo.
La decadencia del Imperio Romano tuvo, entre sus principales causas, la excesiva carga fiscal a los habitantes del imperio.
La Carta Magna, arrancada a Juan Sin Tierra, es producto de la inconformidad ante la excesiva y desigual carga tributaria.
La Revolución francesa surge también, en gran parte, como consecuencia de un descontento ante los excesivos impuestos.
La lucha por la independencia de las colonias inglesas en América del Norte tuvo como causa problemas tributarios.
El impuesto es uno de los fenómenos que han existido, en mayor o menor grado, en todos los tiempos y bajo todos los sistemas de gobierno; sin embargo, cuando buscamos en los anales de la historia las explicaciones a ellos, vemos que gran parte de los políticos, sociólogos y economistas dan por sentada la necesidad de pagar impuestos, sin analizar el porqué se pagan los impuestos en sus raíces más profundas.
Y todavía se presenta una mayor confusión cuando nos hacemos las preguntas: ¿cuáles son los límites? ¿Es lícito no pagar impuestos cuando los consideramos excesivamente altos? ¿Bajo qué esquemas o guías podemos cuantificar un monto justo de impuestos?
Los límites de los impuestos están en relación con sus fines. La naturaleza de los impuestos es teleológica.
La extracción de riqueza a los particulares por parte del gobierno, de forma coercitiva y unilateral, sólo se justifica en cuanto a que dichas riquezas se apliquen en la satisfacción de necesidades comunes a todos los miembros de la sociedad, o al bien común. Y dicho bien común consiste, fundamentalmente, en crear un ambiente de orden, justicia y seguridad que permita a cada ser humano alcanzar libremente sus metas personales, tanto en el campo material como espiritual.
Toda extracción de riqueza que, bajo el título de impuesto, haga el gobierno a sus ciudadanos y que no sea destinada al cumplimiento del fin anteriormente mencionado debe ser considerada injustificada y sostenida únicamente en la fuerza de quienes detentan el poder.
Jurídicamente, dichas extracciones por parte del Estado son equiparables al robo.