¿Por qué anular elecciones por “injerencia extranjera” afecta en especial la democracia en Nuevo León?

Se puso muy agresiva conmigo una amiga que es diputada federal de Morena. 

El desaguisado ocurrió en un restaurante de San Pedro hace días, mientras compartíamos la mesa y la discusión —ya nada amistosa— escaló más rápido que la inflación.

Mi amiga —por lo visto más cercana a la 4T que a mí— terminó acusándome de “vendepatrias”, “proyanqui” e “hijo de Santa Anna”. ¿Mi pecado? Oponerme a la reforma constitucional que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados para anular elecciones bajo el argumento de la injerencia extranjera.  

Es verdad que esta reforma no se aplicará en 2027, sino hasta el proceso electoral de 2030, según lo reconoció el propio Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena. 

Sin embargo, esta modificación al artículo 41 de la Constitución, impulsada en la Cámara de Diputados, blindará la soberanía nacional frente a las amenazas externas. 

Detrás de tanto fervor nacionalista se esconde una trampa legal.  

“Es una seria debilidad jurídica”, le dije a mi amiga durante los postres. “E incluso la pueden operar eventualmente en contra de tu propio partido en alguna elección futura”.

¿Por qué? Simple. La redacción aprobada introduce conceptos tan ambiguos que rayan en la discrecionalidad. 

La iniciativa busca reformar las leyes secundarias en materia de impugnación y establece textualmente en su propuesta que: “Se entenderán como actos lesivos para la integridad, independencia y soberanía de la Nación en materia electoral, entre otros: I. La injerencia extranjera en procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital...”. 

El problema de fondo es la laxitud del término “entre otros”, sumado a conceptos altamente interpretables como “propaganda” o “difusión sistemática de desinformación”. 

A ver: ¿qué califica exactamente como desinformación? ¿Quién define el concepto de “manipulación digital”? ¿Es democrática tanta vaguedad? No. Abre la puerta a que el tribunal electoral anule un resultado basándose en criterios subjetivos.

Mi amiga me cuestionó legítimamente si no consideraba válido defender la soberanía. Le respondí que por supuesto, pero que la Constitución ya prohíbe la intervención extranjera en su artículo 89, sin tantas maromas, al igual que la legislación vigente prohíbe el financiamiento foráneo en las campañas. 

Esta reforma es hacer llover sobre mojado. Además, al margen de que el narcotráfico y el crimen organizado atentan diariamente contra la soberanía nacional sin que se plantee anular elecciones por ello —he escrito decenas de artículos sobre ese tema—, esta reforma parece diseñada para funcionar más como un arma de grueso calibre en contra de críticos externos que como un escudo real.

Peor aún: repetir un proceso electoral completo por estas causales vagas conllevaría costos millonarios para el erario y el riesgo de un vacío de poder.

Ante la insistencia de mi amiga, le planteé escenarios reales: ¿Cuáles actos concretos bastarán para invalidar una elección local o federal? ¿Un tuit incómodo de un funcionario texano? ¿Una declaración diplomática ordinaria de la Casa Blanca? 

Esta aberración legal tendría un impacto particularmente nocivo en Nuevo León. 

Los nuevoleoneses vivimos en una dinámica de hiperconexión global: recibimos constantemente opiniones, inversiones y participaciones de actores internacionales en foros económicos, de infraestructura y de seguridad.

Un comentario del consulado de Estados Unidos sobre las condiciones locales, una nota de prensa en un periódico de McAllen, o una reunión ordinaria de trabajo con la Cámara Americana de Comercio, podrían ser interpretados por un candidato perdedor como “propaganda” o “presión económica y mediática” extranjera. 

Cualquier conflicto con inversión foránea o crítica externa en época de elecciones podría usarse para impugnar y tumbar resultados legítimos en las urnas.

Mi amiga, la diputada federal, casi se levanta ofendida de la mesa y, en señal de protesta ideológica, se negó a pagar su parte de la cuenta. Ni modo, gajes del oficio. Ya me restregará en la cara cuando el Senado termine de validar esta reforma digna de Franz Kafka. Como siempre digo en estos casos: sobre la burla, el escarnio.