Haciendo honor a la verdad, el desastre llamado Pemex no acaba de empezar, pero eso no quita que ha sido agravado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, sin liquidez, con deudas multimillonarias (incluido lo que le debe a proveedores) y un dudoso proyecto para alcanzar la autosuficiencia en la producción de gasolinas, la empresa productiva del Estado es considerada ya un peligro financiero para México.
Como consta en los reportes financieros de la empresa, en 2018 –el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto–, la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) ascendió a casi $150,000 millones de pesos, una cifra que aumentó el 38.8% durante el primer año de gobierno de López Obrador, cuando sumó alrededor de $208,000 millones.
Anote también que en el presente año la paraestatal debe pagar $11,000 millones de dólares del servicio de su deuda y a los proveedores les tiene que saldar $298,000 millones de pesos.
El problema aquí es que –debido a su falta de liquidez– cuando la petrolera deja de pagar a proveedores y contratistas arrastra a toda la cadena, con lo que impacta a la economía en general.
Y no obstante la consigna del presidente saliente de apoyar a Pemex, tanto con inyección de recursos como con la reducción de impuestos, no ha dejado de ser la compañía de su tipo más endeudada del mundo, con un pasivo que ronda los $107,000 millones de dólares.
El salvavidas lanzado a la paraestatal en este sexenio sumará por lo menos $1.5 billones de pesos, de los cuales $155,000 millones corresponderán a estímulos fiscales, se lee en el reporte “Pemex en la mira” del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Maquillaje de cifras
“Con el apoyo del pueblo se ha rescatado Pemex”, según su director, Octavio Romero Oropeza. En un balance que presentó en Palacio Nacional, aseguró que en comparación con los dos sexenios anteriores, en el actual disminuyó la inversión en la petrolera, pero “se hizo más eficiente y se combatió la corrupción”, con lo que ha disminuido su deuda en un 17% y duplicado su capacidad de refinación respecto a la que tenía en 2018.
Pero las agencias de riesgo crediticio difieren: hace sólo una semana, Moody’s volvió a degradar las calificaciones de Pemex por pérdidas en refinación y por producción insuficiente.
Y Fitch Ratings ya advirtió que la deuda de la petrolera puede golpear la calificación soberana de México. Esto, porque entre 2019 y 2023 la Secretaría de Hacienda le transfirió el equivalente al 4% del producto interno bruto (PIB), y otorgarle un apoyo mayor implicaría un incremento del déficit fiscal del país.
Así es como el desorden en Pemex contribuye a que crezcan las presiones en el gasto y la trayectoria de la deuda del gobierno, mientras la recaudación de impuestos está por debajo de lo proyectado por la misma autoridad.
Ahora que eso de maquillar cifras parece práctica común en este gobierno. Sólo por dar otro ejemplo, la Secretaría de Economía presumió que en 2023 se alcanzó un máximo histórico de IED o inversión extranjera directa (que comprende nuevas inversiones, más reinversión de utilidades, más cuentas entre compañías), al registrar $36,058 millones de dólares, un aumento de 27.1% contra la cifra de 2022.
Sin embargo, al mirar más de cerca resulta que el dato de nuevas inversiones tuvo una estrepitosa caída de 71.8%, de $17,000 a $4,800 millones de dólares, en la misma relación. Como sabe, la importancia de este indicador es que refleja cómo va el país en atracción de capitales.
En fin, llame a Pemex “agujero negro”, “lastre”, “barril sin fondo”, “riesgo fiscal” o “bomba atómica” y acertará. Lejos de ser una verdadera empresa productiva, en los hechos es totalmente inviable sin el (todavía) insistente apoyo del actual gobierno, que no ha podido o no ha querido liberar a México de tan onerosa carga.