La mal llamada descentralización educativa federal en materia de educación, que se gestó en 1992 para entrar en operación al año siguiente, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari como presidente de la República, trajo como consecuencia una serie de cambios y reacomodos administrativos y operativos en todas las dependencias estatales de educación. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, se modificó la Ley del Isssteleón, acto jurídico cuyas consecuencias hoy se están apenas visualizando.
Al entonces gobernador de nuestro estado, Sócrates Rizzo García, le tocó aplicar, con todos los medios posibles a su alcance, esa hoy discutida ley, así como la creación de las Oficinas Regionales de Servicios Educativos Descentralizados (ORSEI). El organigrama de la Secretaría de Educación de Nuevo León cambió radicalmente; todos los maestros estatales y federales fueron “trasladados” en su manejo bajo un solo mando: el secretario de Educación y el director general de los Servicios Educativos Descentralizados, dos nombramientos que recayeron en una sola persona.
Bajo esta nueva estructura nacen, jurídicamente hablando, las oficinas regionales. Dentro de esta tesitura preguntamos: ¿los responsables de esas áreas administrativas tenían (y tienen) poder de firma? Es decir, ¿son jefes o solo coordinadores?
Dentro de los sueños guajiros de Salinas de Gortari había, muy probablemente, una buena intención de atender al creciente magisterio desde sus lugares de trabajo. Es decir, se pretendía poner a disposición de los docentes las oficinas de trámites burocráticos más accesibles en tiempo y distancia. La medida se veía con buenos ojos. Incluso, se habló de manejar recursos propios, como se dice que inició en Jalisco. No obstante, todo quedó, precisamente, en eso: un sueño.
Al paso del tiempo, más de treinta años, por cierto, no hemos constatado la probable buena intención de Carlos Salinas.
En primer lugar, los responsables de las regiones no son jefes; son, en efecto, coordinadores y, según el secretario de Educación en turno, su dependencia varía; algunas veces le rinden resultados al subsecretario de Educación Básica; otras, le reportan directamente al secretario. En fin, según sea el termómetro político es la rendición de cuentas. Hoy le informan al subsecretario de Recursos Humanos.
En segundo lugar, dichas oficinas no manejan recursos de ningún tipo; realizan actos de mera gestoría. Su personal es asignado de acuerdo con los requerimientos del coordinador. Es más, en un principio se pensó en asignarles “una clave especial de trabajo” para no extraer docentes de los planteles educativos. ¿Cuál fue el resultado? Resultó que no hubo presupuesto para esa opción, que se veía viable. Cambios van y cambios vienen, y las cosas siguen en su punto de origen. Hay más presupuesto para otras ramas de la administración pública; menos para educación. La verdad es triste, pero es la verdad. Y, si acaso hay alguien que lo dude, es cuestión de preguntarle a cualquier coordinador de esas dependencias.
Al igual que lo hemos dicho en otras ocasiones, las oficinas regionales son usadas con fines electoreros; pero no es privativo de este gobierno estatal: todos los anteriores han usado a las regiones y a su personal adscrito para permear las ideas del partido político en el poder. Política, sí; educación, no.
Esperemos, con ansias locas, que el siguiente gobierno estatal (y el federal también) le pongan más ganas (y presupuesto) para verdaderamente decir: “Estamos abatiendo, con bombo y platillo, el rezago educativo de nuestra nación y del estado de Nuevo León”. Porque, hasta hoy, ningún precandidato de ningún partido político tiene un plan de educación certero para esta parte de México. La verdad como es. Se tenía que decir y se dijo. Hasta la próxima.