El Horizonte ha comentado el caso de Next Energy, y en especial la exigencia de la diputada local Sandra Pámanes de esclarecer la responsabilidad del empresario Eugenio Maiz Domene, dueño — o al menos “cara formal”— de dicha empresa, quien fue detenido en Aguascalientes el pasado 23 de enero.
Estrictamente, la orden de aprehensión por el presunto delito de fraude derivó de un pleito entre particulares.
Se sabe que esta detención está relacionada con la falta de pago de un préstamo millonario.
Al margen de este espinoso asunto, que ha corrido como pólvora en redes sociales con persistencia polarizante, es probable que la Comisión Federal de Electricidad busque intervenir o absorber esa infraestructura, en especial para asegurar energía en el Mundial 2026. Al menos eso me dice off the record un alto directivo de la CFE.
Tal parece que el gobierno del estado y la CFE tienen planes para blindar la infraestructura eléctrica. ¿Qué vendría después de este blindaje? El desplazamiento de empresas en condiciones legales comprometidas.
¿Entrará la CFE y nuevos inversionistas que no carguen controversias legales para compensar esta laguna en la generación de energía renovable?
Quizá. Mi fuente en la CFE no lo descarta; al contrario. Empero, abordo también con este alto directivo una reflexión adicional, o complementaria, que cambia en cierta forma la perspectiva del caso.
El desarrollo de proyectos fotovoltaicos en México ha dejado de ser un “negocio plenamente redituable”. ¿Por qué? Especulo algunos motivos. A partir del pasado sexenio, las reglas del juego cambiaron drásticamente.
Lo que era un negocio de altos márgenes, con pocos trámites, se ha transformado en una industria compleja y excesivamente regulada; digamos que de más.
Dicho de otro modo, el marco legal se ha endurecido y ese panorama nos disgusta a quienes odiamos la sobrerregulación. Nadie gana con ella más que los burócratas picudos.
La política energética actual otorga un papel preponderante al Estado (CFE) y exige que los proyectos privados se alineen a una “planeación vinculante” bastante escabrosa en sus cláusulas. Esto añade una capa de complejidad y reduce la autonomía que antes tenían los desarrolladores.
Además, en Nuevo León ,como en general en todo México, se experimenta una competencia desleal a la que yo bautizaría como “dumping asiático”.
La entrada de paneles solares de Asia a precios artificialmente bajos presiona a la industria nacional, dificulta la competencia en igualdad de condiciones y desincentiva la creación de una cadena de valor local. Y si no aportan valor, las empresas nacionales del rubro se antojan de pronóstico reservado.
¿Es lo que en el fondo pasó con Next Energy? Mañana lo explico.