México busca convertir la relocalización de empresas, conocida como nearshoring, en una palanca de crecimiento. Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, parte del Plan México, representan una apuesta por atraer capital, generar empleo y reducir las desigualdades regionales. Sin embargo, su verdadero éxito dependerá de una pregunta fundamental: ¿cuánta riqueza producirán para el país y cuánto costarán los incentivos otorgados?
El programa contempla 15 polos en 14 entidades: Seybaplaya, Campeche; San Jerónimo, Chihuahua; Centro Logístico e Industrial de Durango; Nezahualcóyotl, Estado de México; Puerta Logística del Bajío, Guanajuato; Reserva Zapotlán, Hidalgo; Parque Industrial Bajío, Michoacán; Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, Puebla; Chetumal y Cancún, Quintana Roo; Topolobampo, Sinaloa; Hermosillo, Sonora; Altamira, Tamaulipas; Huamantla, Tlaxcala, y Tuxpan, Veracruz. La meta anunciada contempla 300,000 empleos y una inversión equivalente a 1.5% del PIB durante la administración. Son objetivos ambiciosos que requieren resultados verificables.
Uno de los principales atractivos son los estímulos fiscales. Las empresas que cumplan los requisitos pueden deducir inmediatamente el 100% de la inversión en activos fijos nuevos y aplicar una deducción adicional del 25% sobre el incremento elegible en gastos de capacitación e innovación, conforme al decreto vigente para los ejercicios fiscales de 2025 a 2030.
¿Significa esto que México está creando paraísos fiscales? No. Un paraíso fiscal suele asociarse con tributación nula o muy baja y mecanismos que pueden facilitar la opacidad financiera. Los polos mexicanos son zonas delimitadas para actividades productivas que operan bajo la legislación nacional. Una deducción fiscal no equivale a una tasa de ISR de cero ni a una exención general de impuestos. Se trata de incentivos sujetos a condiciones, registros y controles.
No obstante, la discusión económica es legítima: ¿cuánto dejará de recaudar el Estado y qué beneficios recibirá la sociedad a cambio? La inversión subsidiada fiscalmente debe generar empleos formales, mejores salarios, innovación y cadenas de suministro nacionales. De lo contrario, el país corre el riesgo de conceder ventajas a grandes compañías sin multiplicar suficientemente sus beneficios en la economía local.
La experiencia internacional demuestra que los incentivos funcionan mejor cuando están acompañados de infraestructura, energía confiable, agua, seguridad, capital humano y proveedores competitivos. Sin estas condiciones, los beneficios fiscales difícilmente compensarán las deficiencias estructurales.
La conclusión es contundente: los Polos del Bienestar no deben convertirse en territorios de privilegios empresariales, sino en motores de productividad y movilidad social. La evaluación debe ser pública, con indicadores de inversión ejercida, empleos creados, salarios, recaudación y compras nacionales. México no necesita únicamente atraer empresas; necesita demostrar que cada peso de incentivo fiscal produce un beneficio superior para el conjunto de la sociedad. El bienestar no se mide por lo que el gobierno anuncia ni por lo que las empresas deducen, sino por lo que efectivamente mejora la vida de los mexicanos.