Sheinbaum, la CIA y el desafío a la soberanía: ¿por qué importa más San Pedro que Chihuahua?
Sin Censura
Escribo esta columna a escasos metros de la barbería de San Pedro Garza García donde el 22 de noviembre de 2021, entre las calles Río Manzanares y Río Rosas, fue asesinado Sergio Carmona Angulo, el mal llamado “Rey del Huachicol”.
Aquel crimen no fue un ajuste de cuentas menor. Abrió una caja de Pandora cuyos efectos alcanzan todavía hoy el financiamiento de la política mexicana de alto nivel.
La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó parte de su Segundo Informe de Gobierno al episodio ocurrido en abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes de la CIA y dos mandos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, tras un accidente automovilístico.
Según la versión oficial, los estadounidenses visitaron un laboratorio clandestino de drogas. La mandataria anunció que la Fiscalía General de la República investiga posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, y advirtió que “vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México”.
¿Una operación de inteligencia extranjera en territorio nacional sin conocimiento del gobierno mexicano constituye una violación de soberanía? La historia muestra que la injerencia de agencias extranjeras no es un fenómeno reciente ni el único factor que erosiona la capacidad del Estado mexicano para ejercer control efectivo sobre su territorio y sus instituciones.
El 30 de mayo de 1984, Manuel Buendía Téllez Girón, columnista de Excélsior y autor de la sección Red Privada, fue asesinado de cuatro disparos por la espalda en el sótano del estacionamiento del edificio ubicado en la avenida Insurgentes, a la altura de la calle de Londres, en la Ciudad de México. Tenía 58 años. En los textos que luego se reunieron en el libro La CIA en México, Buendía documentó cómo la agencia estadounidense se instaló en el país desde el gobierno de Miguel Alemán, primero con presencia oficial compartida con la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y, poco después, con una red clandestina de agentes que operaban bajo diversas vertientes.
Decía Buendía: “En México existe una estación de la CIA con más personal y mayor actividad que las de Moscú, Teherán y prácticamente cualquier otra ciudad del mundo, excepto Nueva York y Washington, que se equiparan a la de México”.
La presencia de inteligencia extranjera en México, por tanto, tiene más de siete décadas. Lo que ha cambiado de manera más profunda es la capacidad de actores criminales domésticos para penetrar y financiar la vida política institucional de forma sistemática, incluyendo elecciones federales y locales.
El asesinato de Carmona en San Pedro marcó un punto de inflexión en esa dinámica. Las investigaciones posteriores revelaron conexiones que alcanzaban redes de financiamiento político de alto nivel.
El huachicol fiscal —el robo y contrabando de hidrocarburos— no solo representa una fuente de recursos para el crimen organizado. Tiene efectos directos y medibles sobre las finanzas públicas y la economía.
Solo en 2025, Pemex reportó pérdidas por $23,491 millones de pesos derivadas del robo de combustibles, un incremento de 14.4% respecto al año anterior, con un promedio de 19,600 barriles diarios sustraídos.
Estimaciones independientes del Observatorio Ciudadano de Energía elevan el costo total para las finanzas públicas —incluyendo la pérdida de IEPS e IVA— a alrededor de $123,000 millones de pesos solo en 2025.
En los últimos siete años, el acumulado supera los $515,000 millones de pesos.
Estas cifras reflejan recursos que dejan de llegar a una empresa productiva del Estado ya de por sí altamente endeudada, y que no ingresan a la hacienda pública en un momento en que la economía mexicana muestra señales de debilidad. En el primer trimestre de 2026, el PIB se contrajo 0.6% respecto al trimestre anterior, la caída más pronunciada en cinco trimestres.
Si el régimen sigue mostrando disposición a denunciar la injerencia externa y no se atiende a fondo las consecuencias de haber permitido que porciones significativas del financiamiento político y la erosión fiscal provengan de economías criminales que operan dentro del país, el futuro será muy desolador.
Mientras escribo estas líneas frente a la barbería donde mataron a Sergio Carmona, queda claro que el episodio de Chihuahua y el crimen de San Pedro Garza García no son equivalentes. Pero solo uno de ellos ha logrado instalarse como parte del ecosistema que define quién compite, quién financia y quién ejerce poder real en México. Y eso no ocurrió en la Tarahumara.