La salida del diputado local Mario Soto como coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León va más allá de un cambio de estafeta.
Deja en evidencia que el intento de impulsar un juicio político contra el titular del Ejecutivo estatal tropezó con las propias contradicciones internas del partido en el estado.
Inútil sería culpar a agentes externos de estas deserciones y lealtades cuestionadas.
La culpa es de índole interna. Nada que reprocharle al rival que se defiende. Ni siquiera al propio Mario Soto, quien, según el siempre bien informado colega Ángel Quintanilla, quizá sostiene conversaciones con MC para una eventual candidatura naranja a la alcaldía de García en 2027.
El paso decisivo, que realmente mide las fuerzas de una bancada que se asume como el fiel de la balanza en el Legislativo estatal, era sostener la cohesión suficiente para llevar el asunto del juicio político al Pleno, conseguir los 28 votos de mayoría calificada y mantener una ofensiva creíble. Ya no se dio. Mal timing.
La ausencia de Soto tanto en la sesión de la comisión parlamentaria como en la reunión del pasado fin de semana, que Ariadna Montiel convocó en Monterrey para definir la postura de la coalición frente a las denuncias contra el gobernador, fue leída dentro y fuera del partido como una señal inequívoca de desalineación.
En lugar de disimular la grieta, la dirigencia nacional optó por formalizarla.
Soto anunció su salida en un comunicado en el que la presenta como el cierre de una etapa y alega “una visión distinta sobre algunas herramientas contempladas dentro de la vida institucional y política del estado”.
La suya fue una forma calculada de decir que no comparte la estrategia de confrontación directa que ahora se intenta imponer.
Me aseguran fuentes internas del partido que van más allá: dudan de su lealtad y hay morenistas que incluso dicen que su eventual relevo —cargo para el cual suenan los nombres de las diputadas Greta Barra, vista como heredera natural de la facción de Soto, o nuevamente Anylú Bendición— podría recaer en un perfil tan poco fiable como él.
Lo cierto es que este tipo de fracturas internas en los legislativos estatales no son exclusivas de Nuevo León.
Hace apenas unos días, en Guerrero, la designación de Joaquín Badillo Escamilla como nuevo coordinador de la bancada morenista —y, con ello, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso— provocó una división marcada. Pude constatarlo personalmente.
Once de los 25 diputados se ausentaron de la sesión en protesta, dejando al descubierto las dos facciones en disputa.
En Campeche, la fractura morenista estalló en febrero: esta columna dio la primicia de que seis de los 13 diputados acusarían públicamente a su coordinador de “traición” por respaldar el regreso del fuero, en un choque frontal con la gobernadora Layda Sansores. Así sucedió, tal cual.
¿Qué delatan estos episodios? Un patrón que, a mi modo de ver, ya es recurrente en Morena: cuando ese partido intenta convertir un procedimiento —ya sea un quimérico juicio político contra un gobernador o la aprobación de reformas federales— en una demostración de músculo y cohesión, resulta que sus bancadas estatales terminan tropezando con sus propias divisiones faccionales o lealtades locales.
Este fenómeno lo explica con la tesis del politólogo Robert Michels.
En su obra Los partidos políticos, Michels formuló la “ley de hierro de la oligarquía”: toda organización compleja, por más transformadora que sea en su origen, tiende a desarrollar estructuras oligárquicas. La necesidad de control de recursos —en este caso, los del Bienestar— y la gestión de la información privilegiada concentran el poder en una bancada legislativa que termina priorizando la preservación del aparato sobre los objetivos iniciales del movimiento.
El resultado es una sorda lucha por el control interno y una pérdida de cohesión cuando se intenta imponer disciplina desde arriba.
Lo que Michels diagnosticó hace más de un siglo se manifiesta hoy en las tensiones que atraviesan a la bancada de Morena en el Congreso local al intentar actuar como núcleo duro en territorios donde su implantación sigue siendo frágil.
A esta explicación añado la teoría de Vilfredo Pareto —uno de mis politólogos preferidos— sobre la calidad de las élites partidistas.
Pareto distingue entre élites “especuladoras” —dinámicas, innovadoras, dispuestas al riesgo— y élites “rentistas”, centradas en la defensa de sus posiciones ya conquistadas.
Las primeras impulsan el cambio y renuevan su poder mediante la incorporación constante de talento; las segundas tienden a volverse rígidas y más preocupadas por administrar privilegios internos que por mantener la vitalidad del proyecto original.
Esta condición anómala se reflejó desde las acusaciones de supuesta venta de candidaturas en la elección pasada para renovar el Congreso de Nuevo León. El escándalo llegó a los tribunales.
Cuando una élite que surgió con un fuerte carácter antisistémico comienza a comportarse como rentista —subastando curules—, pierde capacidad de maniobra y exhibe sus divisiones intestinales, justo cuando necesita proyectar cohesión.
¿Este desorden tendrá consecuencias electorales en Nuevo León de cara a 2027? Si no se pone remedio, sí.
En escenarios donde posibles perfiles como Mariana, Luis Donaldo o Adrián aparecen consistentemente de manera competitiva, a la par, de aspirantes morenistas como Clara, Mijes, Tatiana, Felipe o Waldo, cualquier ofensiva judicial o política contra un adversario conlleva el riesgo de lo que yo llamo el efecto boomerang debido a errores de planeación y ejecución.
Ante este mal cálculo, el mensaje que llega al electorado es de debilidad legislativa y falta de control sobre su propia bancada.
Morena necesita crecer en Nuevo León. De ningún modo tiene ganado el tablero de juego. Y es que quizá, pero solamente quizá, la exhibición pública de sus fracturas internas erosiona la credibilidad de su fracción legislativa como alternativa viable, complica la construcción de alianzas, ensucia la definición de sus candidaturas y refuerza la narrativa —ya presente en amplios sectores del electorado nuevoleonés— de que los diputados de Morena son más eficaces confrontando que administrando mayorías legislativas.
Tanta fragilidad al improvisar acciones legislativas puede costarle caro en las urnas de 2027.