¿Por qué es buena señal que visiten alcaldes de Texas al gobernador de Nuevo León?

Es muy buena señal que ayer se reunieran con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, los alcaldes Ron Nirenberg, de San Antonio; John Cowen, de Brownsville; Víctor Treviño, de Laredo; así como Sherry Dowlatshahi, del Departamento de Desarrollo Económico de San Antonio, y la cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Melissa A. Bishop. 

¿Por qué es buena señal? Porque los texanos, y más allá de ellos, el mismo gobierno estadounidense, tienden su mano a los nuevoleoneses y deslindan con claridad meridiana a Nuevo León como puerta fronteriza a EUA, frente a la cancelación de facto de las relaciones bilaterales con Baja California y concretamente con su controvertida gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ahí radica la gravedad de que se le revocara la visa a Marina del Pilar y a su esposo, Carlos Torres. No se trata de un asunto que se constriña a sus vidas privadas, ni es una limitación estrictamente de carácter administrativo. Va más allá. 

Baja California es uno de los pasos fronterizos más importantes a nivel global. Si la gobernadora es declarada, para todo fin práctico, persona non grata por los vecinos del norte, señalándole rastros de corrupción y recursos de procedencia ilícita, lo que podemos esperar es una grieta en los acuerdos comerciales, no solo con California, sino con todo EUA. 

En este escenario desfavorable para Baja California, el flujo de productos y bienes por el Puente Colombia beneficia exponencialmente a Nuevo León. Lo que pierde un puente fronterizo, lo gana otro. 

Esta visita de los alcaldes texanos a Palacio de Gobierno en Nuevo León es testimonio de la buena voluntad hacia el gobernador de nuestro estado y garantía de que se abren más fuentes de intercambio comercial entre los dos polos fronterizos. 

Por el contrario, por más que recrimine a los medios y analistas que señalamos las implicaciones de su caso, Marina del Pilar y su consorte, también servidor público de Baja California, aunque en calidad de funcionario “honorífico”, están metidos en una nopalera política de la que saldrán más espinados si insisten en soltar amenazas y condenas a quienes nos limitamos a informar sobre su delicada situación legal. 

Poco ayudan los mensajes de respaldo de las bancadas de Morena en la Cámara de Senadores y Diputados, porque es, a todas luces, una decisión unilateral del gobierno trumpista. Cada nación determina a quién le otorga o se le revoca una visa. Pero no podemos fingir que volteamos hacia otro lado cuando las acusaciones en contra de la gobernadora de Baja California se han intensificado al grado de vincularla, presuntamente, con el crimen organizado. Su propio antecesor en la gubernatura, y miembro de su propio partido, Jaime Bonilla, la denunció incluso de crear su cártel de narcotráfico, una denuncia que ya raya en lo estruendoso y esperpéntico. 

¿Qué debería hacer Marina del Pilar en vez de culpar a la prensa y al “fuego amigo” de sus desventuras migratorias? Quizá, de entrada, separarse del cargo de titular de la Conago, para no comprometer a los demás gobernadores que participan en este organismo, cuya función es hacer contrapeso al gobierno federal, estatus que ha quedado disuelto con las controversias de la titular. Y no sería descabellado analizar también una eventual solicitud de licencia, que serviría para que el problema no se expanda y haga metástasis, agraviando a otros políticos de su misma formación política. El panorama, como puede verse, es muy optimista para Nuevo León y de pronóstico reservado para Baja California. Cada quien a lo suyo.