En Altamira, los comerciantes salieron a decir lo que en Tampico, Madero, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Victoria se murmura desde hace meses: los apagones ya no son incidentes, son rutina, y las variaciones de voltaje están quemando refrigeradores, equipos, mercancía. Las pérdidas no las cubre nadie.
Hablemos claro, sin las cortesías con que solemos disfrazar lo evidente. La Comisión Federal de Electricidad, esa institución que durante décadas fue emblema de soberanía, hoy ya no puede. No es juicio ideológico, es constatación operativa: la demanda creció, el clima se endureció, la red envejeció y la inversión no acompañó el ritmo.
Mientras tanto, los anuncios de modernización llegan con sabor a comunicado leído entre dientes, sin calendario verificable ni responsable con nombre y apellido. Y ahí está el punto ciego que conviene iluminar. ¿Quién da la cara cuando el pequeño comerciante pierde diez mil pesos en producto echado a perder? ¿Quién responde por el daño económico acumulado en siete ciudades?
Las alternativas existen, generación distribuida, energía solar con respaldo, esquemas mixtos público-privados, contratos de calidad de suministro con compensación automática, pero requieren voluntad política y un Estado que deje de tratar al usuario como suplicante. Tamaulipas no necesita más promesas; necesita responsables. Con nombre.
EL DÍA QUE EL SNTE SE SENTÓ A ESCUCHAR: LO QUE REVELA LA COMPARECENCIA DE VALDEZ GARCÍA
Hay comparecencias que se quedan en el archivo y hay otras que merecen una segunda lectura. La de Miguel Ángel Valdez García, secretario de educación del Gobierno de Tamaulipas ante el Congreso del Estado pertenece a las segundas, y no precisamente por la lista de obras y programas que desfiló en tribuna, sino por un detalle que muchos pasaron por alto: por primera vez, el liderazgo de la Sección 30 del SNTE, encabezado por Arnulfo Rodríguez Treviño, se sentó a escuchar.
En política educativa, donde los puentes entre autoridad y magisterio suelen ser frágiles, ese gesto vale tanto como un acuerdo firmado. Las cifras acompañaron el momento. Más de 827 millones de pesos invertidos en infraestructura escolar a través de La Escuela es Nuestra, conectividad asegurada en el cien por ciento de las escuelas rurales, 168 mil estudiantes evaluados con la prueba Tamaulipas Aprende, becas y útiles para cientos de miles de niñas y niños, y un reconocimiento de la UNESCO que pocos estados pueden presumir.
Hay avances reales, y conviene reconocerlos sin regateos: detrás de cada número hay aulas que antes no existían y maestros que hoy tienen mayor certeza laboral.
Dicho esto, la honestidad periodística pide también señalar lo que falta. El relato se concentró en primaria; secundaria y media superior siguen esperando un capítulo propio. La evaluación local, aunque útil, gana credibilidad cuando se contrasta con instrumentos externos. Y la promesa de educar para la paz, en un estado marcado por la violencia, exige resultados que solo el tiempo, y las familias, podrán validar. Aun así, conviene no perder de vista el fondo: cuando la autoridad educativa, el sindicato y el Congreso comparten la misma sala, algo está cambiando.
Tamaulipas Educa todavía tiene mucho por demostrar, pero al menos ya dejó de ser únicamente promesa para convertirse en una estructura con metas medibles. Y eso, en estos tiempos, no es poca cosa.
¡¡Yássas!!