Hay iniciativas que llegan al Senado para llenar expediente y otras que llegan porque hay sangre, fierro y mercancía tirada en alguna recta de Tamaulipas.
La que presentó esta semana Olga Sosa Ruíz pertenece al segundo grupo, aunque convendría preguntarse, sin ánimo de descarrilarla, si llega a tiempo o si llega tarde. La senadora morenista propone reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal con una batería de medidas que suenan razonables sobre el papel: un Registro Nacional de Incidentes en tiempo real, geolocalización obligatoria en cada unidad, protocolos de persecución interestatal y nuevos artículos, el 35 Bis, el 69 Bis, el 70 Ter y el 70, que reparten responsabilidades entre permisionarios, autoridades y sector privado.
El dato que sostiene el discurso pesa: más del 58% de las mercancías que se mueven en el país viajan sobre ruedas, y cada tráiler asaltado es un eslabón roto en una cadena que ya cruje por todos lados. Hasta ahí, la fotografía oficial. Ahora la pregunta incómoda: ¿quién va a operar ese registro nacional, con qué presupuesto, y por qué creeríamos que funcionará mejor que los que ya existen y nadie consulta?
La iniciativa habla de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, pero guarda silencio sobre el verdadero hueco, que es la complicidad y la infiltración del crimen en las propias corporaciones encargadas de perseguirlo. Sin sanciones a la omisión, la tecnología es decorado. Sosa también ingresó una segunda propuesta para elevar a rango constitucional el deber de juzgar con perspectiva de género. Bien por ahí. Aunque convendrá vigilar que no termine, como tantas otras, convertida en frase bonita para los discursos del 8 de marzo y nada más. Veremos si el Senado la trabaja o la archiva.
CUANDO EL AULA SE VUELVE TRINCHERA DIGITAL
Hay algo profundamente revelador en la forma en que Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, está enfrentando un fenómeno que hasta hace poco parecía territorio exclusivo de psicólogos y padres desbordados: los retos virales que circulan por las redes y que han convertido los patios escolares en escenarios de riesgo.
Y digo revelador porque, lejos del discurso burocrático al que suele recurrir la clase política cuando enfrenta lo que no entiende, aquí se observa una decisión administrativa con pies en la tierra.
El protocolo que la SET instruyó aplicar a directivos no es novedoso en su lógica, notificar, identificar, contener, sensibilizar, pero sí lo es en su oportunidad. Mientras otras entidades reaccionan tarde, Tamaulipas, según afirma el propio funcionario, logró frenar la incidencia coordinándose con autoridades federales. Vale la pena, sin embargo, hacer una pausa honesta: ¿qué métricas sostienen esa contención?
Esa es una pregunta que merece respuesta pública, porque la transparencia en estos asuntos no es un lujo, es la única forma de que las familias confíen en que el discurso institucional tiene sustento. Llama la atención que, en paralelo a la atención del fenómeno digital, Valdez García sostenga una agenda de infraestructura visible, los $3.7 millones invertidos en la Primaria “República de México” son un ejemplo concreto, bajo el paraguas de la estrategia “Tamaulipas Educa”.
Es una apuesta interesante: entender que la seguridad escolar ya no se resuelve solamente con bardas y reglamentos, sino también con docentes preparados para leer pantallas, padres dispuestos a incomodarse y autoridades capaces de hablar el idioma de los adolescentes. El punto ciego, no obstante, sigue ahí: ningún protocolo sustituye la conversación pendiente entre adultos y menores sobre lo que realmente consumen cada noche. Esa es la tarea que ningún oficio puede delegar, y que define, en el fondo, si una política educativa humanista lo es de verdad o solo lo enuncia.
¡¡Yássas!!