¿Por qué los diputados locales contradicen a Max Weber en el caso de Ulises Carlín como tesorero de NL?

Se ha desatado un debate —o lo que más se acerca a un debate en Semana Santa— tras el vencimiento del plazo de 90 días para enviar al Congreso local la propuesta de ratificación de Ulises Carlín como tesorero de Nuevo León.

En realidad, se trata de una falsa alarma. Si bien Ulises no es aún formalmente tesorero —entre otros motivos porque nuestros heroicos legisladores locales andan de vacaciones—, en cuanto regresen tendrán en sus curules la propuesta. Si la aprueban, se resolverá el pendiente en un santiamén.

Sin embargo, conviene analizar el tema con cierto respaldo teórico.

Más allá de las formalidades legislativas —ojalá así fueran para todos los casos por legislar— y de las acusaciones cruzadas, el hecho de que Carlín funja como encargado de despacho desde el 2 de enero de 2026 no es, en términos estrictos, relevante para el correcto funcionamiento de la dependencia.

La figura del encargado de despacho no es ninguna anomalía; es un mecanismo jurídico-administrativo diseñado precisamente para garantizar la continuidad del servicio público cuando existe una transición. Así de simple.

El objetivo es evitar un vacío de poder en la gestión de recursos públicos, la recaudación, el pago de nóminas, el cumplimiento de obligaciones financieras, etcétera.

Dicho de otro modo, la Tesorería sigue operando con los mismos controles y órganos de fiscalización, independientemente de si quien la encabeza es un titular ratificado o un encargado interino.

Tíldenme de pedante, pero aludiré a un clásico para desatar este nudo.

Hace días, un sabio de Nuevo León que vive en San Pedro me dijo que, de la obra de Max Weber, la más fundamental es Economía y sociedad (1922).

Como siempre —o casi siempre, para no ser determinista—, este sabio regiomontano tiene razón.

Saqué de mi biblioteca mi ejemplar, tamaño ladrillo, de Economía y sociedad, de Weber, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y busqué el capítulo donde explica que la autoridad en una organización burocrática no reside en la persona que ocupa el cargo, sino en el propio cargo y en las normas impersonales que lo regulan.

Weber señala que la burocracia moderna se distingue por cinco rasgos esenciales: jerarquía clara, división del trabajo, selección por mérito, reglas escritas y, sobre todo, impersonalidad.

Las decisiones en la administración pública no dependen del carisma, sino de procesos estandarizados.

“El funcionario ideal —escribe Weber— opera sine ira et studio, es decir, sin odio ni pasión, guiado únicamente por la norma”.

Por ello, es irrelevante si el titular es permanente o interino: lo que importa es que el mecanismo burocrático funcione conforme a derecho y que los controles institucionales (auditoría, contraloría, transparencia) sigan operando correctamente.

Que Ulises Carlín sea hoy encargado de despacho no altera la capacidad operativa de la Tesorería estatal. O sea, bájenle tres rayitas.

La relevancia no está en el título que ostenta Carlín, sino en resultados medibles: ¿se mantiene la eficiencia en la recaudación?, ¿se cumple el calendario de pagos?, ¿se respeta la disciplina fiscal?, ¿hay transparencia en el ejercicio del gasto? Esos indicadores, según la teoría weberiana, definen si una administración pública es o no viable. ¿Queda claro?

Lo restante —la temporalidad del nombramiento, los plazos legislativos— pertenece al terreno de la política, no al núcleo técnico de la gestión pública.

Un verdadero escrutinio de los diputados locales debe centrarse en el desempeño institucional, no en la etiqueta temporal del funcionario que, por disposición legal, encabeza hoy la dependencia. Cuando vuelvan de vacaciones los heroicos legisladores, se los explico más despacio.