¿Cómo legislar para que no ocurra otra tragedia de fuegos pirotécnicos en Nuevo León?
Sin Censura
Casi fui testigo del grave accidente del pasado 28 de noviembre en una vivienda de la colonia Los Olmos, en el límite entre Pesquería y Apodaca.
Estaba en una cena cuando los comensales divisamos una humareda que no anunció nada bueno.
Las causas fueron, evidentemente, una bomba de tiempo.
Un inmueble que operaba como almacén ilegal de varias toneladas de pirotecnia explotó, causando una bola de fuego que alcanzó decenas de metros de altura.
Esa fue la fumarola que muchos vimos atónitos, sin dar crédito a tan terribles hechos.
La destrucción de por lo menos 30 casas, el daño de otras 70 y un saldo de cuatro personas muertas —entre ellas un menor de edad—, además de una docena de heridos, nos arroja una verdad a la cara: este tipo de accidentes terribles deben evitarse.
¿Qué factores coincidentes ocurrieron?
Habría que reconocer a los valientes elementos de Protección Civil de ambos, municipios que trabajaron hasta el amanecer para controlar el incendio, mientras personal de la Sedena aseguraba el área ante el riesgo de nuevas detonaciones, que por fortuna se sofocaron. Fue muy grave y pudo haber sido peor.
Diputados tanto de Morena como del PAN y Movimiento Ciudadano coinciden en que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos debe reforzarse. Ayer domingo me enteré de que ya circulan iniciativas que podrían —y deberían— aprobarse en los próximos meses con respecto a este tema.
Las cosas no pueden quedarse así. Me pidieron dar mi opinión sobre el borrador de una iniciativa para reformar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y catalogar como delito grave —sin libertad bajo caución— el acopio de más de 50 kilogramos de material pirotécnico en zonas habitacionales.
Ayer domingo dediqué el día a revisar una de estas iniciativas.
En lo general estuve de acuerdo, salvo algunas correcciones menores del texto.
¿Qué buscamos? Subir las penas actuales de 4 a 10 años hasta un rango de 10 a 20 años cuando el almacenamiento clandestino ponga en riesgo vidas humanas.
Y yo añado la posible creación de un Registro Nacional Obligatorio de Compradores de Pirotecnia, incluso para aquellos que obtienen permisos extraordinarios de la Sedena, a fin de poder rastrear cada kilo de pólvora que salga de los mercados legales. Me gustaría comentarlo con mis amigos militares para conocer su opinión.
Definitivamente hay que prohibir el almacenamiento y la venta de pirotecnia en el Área Metropolitana de Monterrey. ¿Afectamos intereses privados? Ni modo. Primero es la vida de nuestros vecinos; el negocio pasa a segundo término.
Algunos alcaldes, como Andrés Mijes, de Escobedo, proponen modificar la Ley de Protección Civil del Estado para facultar cateos administrativos inmediatos —sin necesidad de orden judicial— cuando exista denuncia de almacenamiento ilegal, dando pie a que Protección Civil y Fuerza Civil ingresen inmediatamente. Ganar tiempo salva vidas, me dijo Mijes.
Eso sin contar con que debemos imponer multas de $1 millón de pesos y decomiso automático del material.
¿No crees que la tragedia del pasado viernes negro debe convertirse en punto de inflexión para poner fin al afán de meter pólvora ilegal en las casas?
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