Presupuesto 2026: la prueba de fuego para México entre austeridad, deuda y esperanza
Columna Invitada
El Paquete Económico 2026 no es un documento técnico más: es el retrato de un país que enfrenta un dilema histórico. Después del déficit público más alto en tres décadas —5.7 % del PIB en 2024—, la meta es reducirlo a 3.2 % del PIB en 2026. Para lograrlo, el gobierno proyecta un ajuste del gasto neto de 245,900 millones de pesos, un recorte que marcará la política económica de los próximos años.
Por el lado de los ingresos, la administración ha descartado una reforma fiscal agresiva. La estrategia se concentra en combatir la evasión, la corrupción y el contrabando en aduanas. Se busca recaudar más con la misma estructura tributaria, una apuesta de justicia fiscal que, sin embargo, depende de la eficiencia institucional y de que no se frene la confianza económica.
En los egresos, el gobierno promete mantener la prioridad en programas sociales, salud, educación y, de manera inédita, en la ciencia y la innovación tecnológica. Se habla de impulsar la Agencia de Transformación Digital y proyectos de inteligencia artificial. Sin embargo, la otra cara es la austeridad: menos gasto corriente, menos inversión física y un margen más estrecho para reactivar la economía, en medio de un crecimiento esperado de apenas 1 % del PIB.
El tema energético refleja la tensión estructural. Pemex, que arrastra un pasivo de más de 100 mil millones de dólares, planea en 2026 un recorte del 8 % en exploración y extracción, al tiempo que incrementa recursos en refinación. La pregunta es si esta estrategia fortalece o debilita su viabilidad a mediano plazo, considerando que, a partir de 2027, la empresa necesitará aún más apoyo público para sostener su operación.
En el frente externo, el presupuesto enfrenta un entorno global adverso: volatilidad en tasas de interés, tensiones comerciales y un precio del petróleo que hoy ronda los 61.6 dólares por barril, frente a la estimación oficial de 55.3 dólares. La diferencia parece favorable, pero proyectar con optimismo excesivo sería un error: los ingresos petroleros son cada vez menos estables y no pueden ser la base de la planeación de largo plazo.
Para estados como Nuevo León, este paquete es particularmente relevante. La entidad aporta más del 8% del PIB nacional y concentra gran parte de la inversión extranjera directa, sobre todo en el marco del nearshoring. Cada ajuste en gasto federal impacta en infraestructura carretera, logística y educación técnica, factores decisivos para sostener su competitividad industrial. Además, con la presión en finanzas públicas, el margen de transferencias y convenios federales podría reducirse, obligando al estado a buscar mayor autosuficiencia fiscal. En otras palabras, el Paquete 2026 no sólo define las finanzas nacionales: define si Nuevo León podrá seguir siendo motor económico o si deberá enfrentar con recursos propios las cargas de su propio crecimiento.
La gran pregunta es si este presupuesto logra el equilibrio entre disciplina fiscal y justicia social. Porque, en última instancia, un presupuesto no es sólo un conjunto de cifras: es un proyecto de nación. Cada peso asignado refleja una visión de futuro, una apuesta sobre qué sectores sostendrán el desarrollo y quiénes cargarán con los sacrificios.
Como reflexión: el Presupuesto 2026 es la prueba de fuego de nuestra madurez institucional. Si logra reducir el déficit sin estrangular el crecimiento y, al mismo tiempo, preservar la cohesión social, será recordado como el inicio de una etapa de equilibrio. Pero si la austeridad recae en los más vulnerables y se posterga la inversión transformadora, el costo social será enorme. Al final, el verdadero reto no es cuadrar las cuentas, sino demostrar que el gasto público puede ser un instrumento de justicia y de esperanza.
Acabar con la corrupción podría ser la mejor estrategia para un crecimiento real y efectivo.