Dafne entró un lunes al campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. Tenía 13 años.
El jueves su madre recibió la llamada. El certificado dice homicidio: asfixia por sumersión. Tamaulipas investiga bajo protocolo de feminicidio. Hay tres detenidos.
Un detalle explica el resto: el reglamento del plantel prohibía que los alumnos hablaran con sus familias. El vigilado escribía el reporte de vigilancia.
El lunes, en la mañanera, Mario Delgado dijo que ningún tipo de educación militarizada está autorizada por la ley, y que ni la SEP ni la Defensa Nacional avalan esas modalidades. Contó que el viernes 24 giró un oficio a las 32 secretarías estatales, un oficio. Once días después.
Pero Tamaulipas autorizó esa denominación “militarizada” en 2005 y la actualizó en 2013. La Federación dice que la puerta nunca estuvo abierta; el estado guarda el recibo de la llave.
En Guerrero operan tres colegios militarizados con RVOE. De cinco planteles detectados en Tamaulipas, sólo tres están registrados: dos existen para los niños, no para el sistema.
En 2025 murió Erick Torbellín, de 13 años, en otro campamento militarizado. Hubo diagnóstico. Hubo silencio. La ley ya prohíbe el castigo corporal aunque se disfrace de disciplina, incluso en campamentos.
No falta ley: falta quien toque la puerta. Y si sólo se prohíbe la palabra, mañana serán “colegios de alto rendimiento”.
Cambiar el letrero no cambia lo de adentro. Debe surgir un padrón público, prohibido incomunicar menores, reglas para campamentos, personal certificado, visitas sorpresa, castigo a quien firmó. Lo demás es papelería.
EL ALCALDE QUE SOLTÓ EL MICRÓFONO Y AGARRÓ LA PALA
Los alcaldes solo van a la obra a que les tomen la foto. Pero hubo uno que se bajó de la camioneta y se ensució los zapatos.
En el crucero de Praxedis Balboa y Tenochtitlán, Lalo Gattás dirigía con las manos —señalando el corte, midiendo la compactación— hasta que empuñó la pala. No fue postal: fue mensaje. A las cuadrillas de Obras Públicas, que trabajaron en plenas vacaciones, se les dijo sin discurso que su chamba importa. “No es solo tapar baches, es hacer un trabajo bien hecho que le sirva a la gente”, soltó.
El dato clave: en julio el municipio invirtió más de 2 millones 300,000 pesos en dos bacheadoras nuevas. Y solo en la primera semana del mes se repararon 340 metros cuadrados de carpeta, con 2,200 vecinos beneficiados en el centro.
El punto ciego: un bache tapado es como una muela emparchada. Si el relleno no aguanta, en tres meses regresa el dolor. Nadie publica cuántos baches reabren ni cuánto tarda un reporte ciudadano en atenderse. Ahí está la siguiente prueba: que el asfalto dure más que el aplauso.
¡¡Yássas!!