El caso Chihuahua: agentes de la CIA muertos y la ilusión de soberanía en México

Lo ocurrido la semana pasada en Chihuahua no es un incidente aislado ni un simple escándalo diplomático. La muerte de agentes estadounidenses —presuntamente vinculados a labores de inteligencia—, junto con elementos mexicanos, expone una realidad que el discurso oficial sigue evitando: en México, la soberanía se defiende en el discurso, pero se pierde en los hechos.

La reacción inmediata del gobierno ha sido de indignación. Se insiste en que la presencia de agentes extranjeros sin autorización es inaceptable, que vulnera la soberanía nacional y que no debe tolerarse. El problema es que esa postura, aunque políticamente conveniente, no resiste el contraste con la realidad.

Porque la pregunta incómoda es evidente: ¿qué tanto se habría avanzado en el combate al crimen organizado sin esa cooperación, formal o informal, con Estados Unidos?

Ahí están los hechos. Operativos relevantes en meses recientes —como la destrucción de narcolaboratorios en el norte del país o golpes de alto perfil contra líderes criminales— difícilmente se explican sin inteligencia compartida. El caso de Chihuahua no es la excepción. Tampoco lo fue la caída de figuras clave del crimen organizado en Jalisco en meses pasados. Negarlo es simplemente negar cómo funciona realmente la seguridad en un país con las dimensiones del problema que enfrenta México.

El punto central no es si hay o no presencia de agentes estadounidenses. Eso es un hecho. La verdadera discusión es por qué el Estado mexicano, por sí solo, no ha sido capaz de contener al crimen organizado con la eficacia necesaria. Y, mientras esa capacidad no exista, la cooperación externa deja de ser una opción y se convierte en una necesidad.

Defender la soberanía no puede significar cerrar los ojos ante esa realidad. La soberanía real no se mide por impedir la presencia de agentes extranjeros, sino por la capacidad del Estado para garantizar seguridad dentro de su territorio. Y hoy, en amplias regiones del país, esa capacidad simplemente no existe.

Aquí es donde la contradicción se vuelve evidente. Se rechaza con firmeza la presencia de agentes estadounidenses, pero se ha documentado la operación de actores vinculados a otros gobiernos —incluidos intereses y redes asociadas a Rusia y Cuba— en territorio mexicano, que influyen en la narrativa, la política y espacios de poder sin generar el mismo nivel de indignación oficial. Esa doble vara no solo debilita el argumento de soberanía, sino que lo vacía de contenido.

En lugar de reaccionar con molestia selectiva, el gobierno mexicano tendría que replantear su postura. La cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos no solo es inevitable; es indispensable. No se trata de ceder soberanía, sino de ejercerla con inteligencia. Coordinar esfuerzos, compartir información y operar de manera conjunta bajo reglas claras no debilita al Estado; lo fortalece.

El verdadero riesgo no es la presencia de agentes extranjeros. El verdadero riesgo es seguir simulando que el Estado tiene un control que, en la práctica, no ejerce. Porque, mientras se mantenga esa narrativa, el problema no solo persistirá, sino que seguirá escalando.

El caso Chihuahua deja una lección clara: el combate al crimen organizado en México ya es, de facto, un esfuerzo binacional. Negarlo por razones ideológicas solo retrasa lo inevitable. Aceptarlo y estructurarlo correctamente podría ser, en cambio, el primer paso hacia una estrategia de seguridad más efectiva.

Y esa es la decisión de fondo: seguir defendiendo una soberanía de discurso o empezar a construir una soberanía real.