Prohibido proponer soluciones

Para cualquier país democrático lo más importante es que se discutan las ideas para solucionar los problemas que enfrenta, sin importar que se trate de uno desarrollado o en vías de serlo.

Es por eso que las campañas político electorales se convierten en el escaparate para los partidos y los candidatos. Es algo así como la pirotecnia en los parques de diversiones, porque todos quieren llamar la atención.

El pasado turbulento de México en materia electoral dejaba las cosas calientes después de cada elección y era común que se atribuyera el resultado al fraude electoral, al abuso de poder o al desvío de recursos del gobierno y quienes desde ahí impulsaban a sus favoritos.

Debido a eso se propusieron y avanzaron reformas a las leyes electorales que tenían por objetivo evitar tales males y de alguna forma se alcanzó parcialmente el objetivo. Las elecciones modernas son mejores que las antiguas, pero no lo suficiente para evitar los abusos, las quejas y las infracciones, sancionadas o no.

Uno de los defectos que se generaron en las leyes, fue la redacción de algunas prohibiciones que salieron más papistas que el Papa. La prohibición de hacer actos anticipados de campaña en la legislación federal muestra su lado malo al quedar abierto a, casi, cualquier cosa.

Con el objetivo legal de evitar inequidades, se lanzó una aparente solución: prohibirlos desde la misma ley, pero se excedieron los legisladores.

Los actos anticipados de campaña, que consisten en aquellas expresiones que previo al inicio formal de las campañas electorales, llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducirle simpatía a sus rivales, según el blog del magistrado Felipe de la Mata.

Aquí comienza la distorsión. Porque los aspirantes a candidatos tienen expresamente prohibido realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio, antes del inicio de las precampañas.

Según el calendario electoral de 2024, en el que elegiremos presidente de la República, senadores, diputados locales y federales y alcaldes, las precampañas inician en la tercera semana de noviembre de 2023 y no podrán durar más de 60 días. (Art 226 de la LGIPE).

Pero ya llevamos tres meses de encarrerados en precampañas que no se llaman así “para no violar la ley”. Llenos de difusión por todos los medios y de pronunciamientos, más lo que se acumule este año. Y tampoco se elige un candidato, y no se le llama así para el mismo propósito de no violar la ley.

Si no se vale hacer proselitismo, que es el lanzamiento de ideas para influir en la comunidad y que ésta tome bando o cambie a favor de una causa política, entonces todos los aspirantes de todos los partidos ya están incluidos.

Y si tampoco se vale hacer propaganda, que es la estrategia de comunicación de índole política, social, comercial, cultural o religiosa para influir en los miembros de la sociedad, pues más grave se pone la cosa.

Eso dice la ley, pero el reglamento es más estricto, porque define que los escritos, las publicaciones, expresiones, proyecciones, reuniones públicas, asambleas y marchas que los aspirantes hagan para dirigirse a afiliados, simpatizantes o electores con el objetivo de influir en lo que piensan y deciden, entonces no sé quién quedaría vivo en la contienda de 2024.

Porque las sanciones que impone la ley son, entre otras, la pérdida del registro, como la más grave, amonestaciones y multas, así como la reducción de las ministraciones del financiamiento a sus partidos políticos.

Y considerando que las propuestas de cómo cambiar el estado de cosas en el país y proponer soluciones esta dentro de las prohibiciones, bien haría el congreso en ir reformando la ley porque ésta no se respeta ni por los magistrados del Tribunal, el INE y los partidos. Es letra muerta.

Un pueblo debe estar informado y para eso es muy relevante que se discutan los problemas del país, que se propongan soluciones y que se difundan ante quienes vamos a decidir el futuro.

Prohibir propuestas que solucionen los problemas de un país es una aberración legal producida por querer ser absolutistas en el lenguaje y perjudica mucho, no a los candidatos, sino al pueblo. Por el contrario, el debate permanente de las ideas entre profesionistas, educadores, estudiantes, políticos y candidatos debe privilegiarse y, de hecho, nunca se acaba.