Proteger a la prensa en Tamaulipas

El subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, representó al estado en el Encuentro Nacional de Autoridades Encargadas de la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Lo presidió Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Ahí Beas dijo que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, el estado mantiene su compromiso de coordinarse con la Federación para prevenir y proteger. Ir estuvo bien, y hay que reconocerlo, porque en este tema quien no se sienta a la mesa termina en el menú. 

El problema es que la información oficial habla de coordinación, experiencias y áreas de oportunidad, pero no trae un solo dato que permita medir algo. No sabemos cuántos periodistas y defensores tamaulipecos tienen hoy medidas de protección, cuánto presupuesto hay para ellos ni cuánto tarda el estado en responder cuando alguien denuncia una amenaza.

Y esos datos importan porque al país le va mal en esto. Reporteros Sin Fronteras contó siete periodistas asesinados en México entre enero y julio de 2026, la cifra más alta en quince años. En varios de esos casos el sistema falló de formas muy concretas. A Carlos Castro, en Veracruz, le retiraron la protección porque consideraron que su riesgo había bajado. A Francisco Leyva, en Oaxaca, nunca le dieron medidas aunque había denunciado amenazas. 

El Comité para la Protección de Periodistas recordó además que en lo que va del siglo no hay una sola condena contra los autores intelectuales de estos crímenes. Tamaulipas no aparece en la lista de este año, y eso es una buena noticia. Pero en un estado donde durante años se aprendió a callar, que no haya asesinatos no siempre significa que no haya miedo. Aquí tenemos una herida propia que sigue abierta. 

Antonio de la Cruz, reportero de Expreso, fue asesinado junto con su hija afuera de su casa en Ciudad Victoria en junio de 2022. La fiscalía especial de la FGR confirmó que el crimen tuvo relación con su trabajo y un detenido fue vinculado a proceso. Aun así, la última información pública hablaba de órdenes de aprehensión todavía pendientes. Si queremos hablar de buenas prácticas, ese expediente es la mejor prueba de fuego. 

Hay otro punto ciego que casi nadie conecta con este encuentro, y está en el Congreso local. En marzo se aprobó endurecer las penas por apología del delito en redes sociales y plataformas digitales, hasta con siete años de prisión, a propuesta del diputado Marcelo Abundis Ramírez. Antes, en octubre de 2025, el diputado de Morena Francisco Adrián Cruz Martínez propuso castigar los insultos y la información falsa en internet. Artículo 19 criticó esa iniciativa por vaga y por revivir los viejos delitos contra el honor. Ninguna de las dos se escribió contra la prensa, pero una ley ambigua le da a quien se siente ofendido una herramienta para callar a quien informa. 

Artículo 19 también documentó que en 2025 más de siete de cada diez procesos legales contra periodistas los promovieron funcionarios o actores políticos. Proteger con una mano mientras se legisla con la otra, sin revisar el efecto, sería una contradicción difícil de explicar. Nada de esto se arregla con discursos, pero sí con decisiones que están en manos del gobierno estatal.

¡¡Yássas!!