Por mucho tiempo, la ley ha sido demasiado permisiva con quienes cometen los peores crímenes. Como padre, me indigna ver casos de abuso o violencia infantil, pero, sobre todo, me obliga a actuar como diputado, porque sé que la seguridad de Nuevo León empieza con proteger a las niñas y los niños.
El problema es que muchas de nuestras leyes fueron escritas para una realidad que ya no existe. Hay leyes que datan de hace décadas, cuando el crimen organizado no tenía el poder de hoy, no existía el internet y los delitos contra la niñez no eran tratados con la urgencia que requieren. ¿Cómo esperamos combatir al crimen con un marco legal que se quedó atrás? En muchos casos, las sanciones no corresponden al daño causado, y eso revictimiza a quienes más deberíamos proteger.
En ese sentido, modernizar nuestras leyes no es una cuestión de política, es una responsabilidad ética que no podemos postergar.
Hoy, los vacíos legales, las penas ridículas y las leyes arcaicas permiten que los delincuentes queden impunes y, lo peor, mandan un mensaje de que aquí todo se vale.
Si bien este gobierno ha invertido como ninguna otra administración en infraestructura, equipamiento y operativos permanentes, y nuestra Fuerza Civil trabaja día y noche para protegernos, mientras haya huecos en la ley, los criminales se seguirán saliendo con la suya. Esto no es justo para las víctimas, para los policías que arriesgan su vida ni para las familias del estado.
Ya basta de leyes blandas. Como diputados, debemos demostrar un compromiso real con la justicia.
Por eso, propuse cinco iniciativas ante el Congreso para proteger a las niñas, niños y familias de Nuevo León:
1) Endurecer la pena a secuestradores, especialmente cuando la víctima sea un menor, porque los que destruyen vidas merecen castigos ejemplares; 2) Tipificar el halconeo como un delito, para que el crimen organizado no siga poniendo en riesgo a nuestros jóvenes; 3) Tipificar el acoso infantil como un delito, porque el abuso puede empezar con palabras o mensajes; 4) Establecer la castración química como medida contra agresores sexuales de menores, para que jamás vuelvan a lastimar a un niño; y 5) Aumentar las sanciones por abandono de menores, porque los niños se protegen, no se abandonan.
Hoy más que nunca, Nuevo León necesita servidores públicos comprometidos con la seguridad en todos los frentes: desde los municipios, el Congreso, la Federación y el Ejecutivo. A quienes no les tiemble la mano para aplicar la ley y castigar a los que ponen en riesgo a las familias de nuestro estado. Es momento de tener mano dura, para que quien se meta con Nuevo León, la pague, y muy caro.