La inmobiliaria Proyectos 9 ya no tiene pretextos: tiene que empezar a responderles a sus clientes sí o sí, y, si no lo hace, deberá intervenir la autoridad, y con todo.
Decimos esto porque a otras empresas desarrolladoras que vendieron en preventas y que incumplieron en tiempos —por ejemplo, Quantium Desarrollos— ya les están liberando permisos de construcción que tenían atorados; y, por ello, ya le están poniendo fecha de entrega a los depas de preventa que, como a muchos, se les retrasaron severamente entre la pandemia y la parálisis de permisos que se dio en la administración anterior del municipio de Monterrey.
Nomás que el problema de Proyectos 9 parece ser mayúsculo: tiene demasiados edificios sin terminar —como Lalo y Lola—, pero algunos de ellos incluso sin construir —como Sohl, Verde Moca y Azul Moca—; le deben cientos de millones de pesos no sólo a clientes, sino también a socios que aportaron “capital semilla”; y, por el precio en que vendieron, todo indica que ya no tendrán suficientes fondos para terminar los proyectos si no le meten de su bolsa y absorben pérdidas. O sea, el tema está grave.
Para colmo, pareciera que ya ningún banco encuentra rentable prestarles más dinero, porque no tendrán cómo recuperarlo, así que su única opción parecería ser vender sus activos a alguna inmobiliaria muy grande —nacional o internacional—, aunque sea a precios muy bajos, para de ahí al menos compensar a sus compradores, que se quedarán sin sus anhelados depas, mientras que la empresa se quedará sin las esperadas ganancias, que en una de esas ya malgastó. Sí, es una bomba de tiempo.
Entonces, lo que salta a la vista es que Proyectos 9, que dirige José Lobatón, pese a provenir de una familia de tradición y que fue sólida en el mercado inmobiliario, es hoy una empresa seriamente emproblemada, quizá más que su competidora Internacional de Inversiones (IDEI), de Alberto De la Garza Evia, que también se excedió en proyectos inconclusos y hasta tuvo que entrar en concurso mercantil.
Aquí estuvimos advirtiendo desde hace años del polvorín que se estaba haciendo en el mundo de las preventas, donde se combinaron la mala administración y los cálculos erróneos —o muy arriesgados— de muchos desarrolladores ingenuos —o quizá demasiado “vivales”—, junto con el gran imprevisto que fue la pandemia, a lo que se sumó el inesperado freno que metió a los permisos la entonces secretaria de Desarrollo Urbano de Monterrey, Laura Ballesteros; y a lo que se sumaron también las trabas impuestas por Agua y Drenaje, bajo el argumento de la sequía. Todo eso formó un coctel mortal para los nuevos desarrollos, en especial para aquellos que no planearon pensando en todos los escenarios y “asegunes”.
Agréguese a eso lo leoninos, desfavorables e inseguros que son los contratos de preventa para los compradores que sólo firman una “oferta de compra”, y no un contrato que los proteja adecuadamente.
Ante eso, afortunadamente ya se logró que se legislara y emitiera una nueva Ley de Preventas, ya publicada, que al menos prevé que, en lo sucesivo, ya no se pueda prevender sin permisos, ni rechazar ofertas de compra, y que, si se devuelve el dinero, sea con intereses.
Pero, como la ley no es retroactiva, hoy siguen sufriendo severamente los compradores de muchos desarrollos que invirtieron ahí los ahorros de toda una vida, pero especialmente los de Proyectos 9, que parece ser uno de los casos más graves de todo Nuevo León.
Hoy, la carpeta de denuncias suma más de 45 casos y el reclamo es por más de $100 millones de pesos, pero lo cierto es que el portafolio de esta empresa abarca miles de millones de pesos que hoy están en riesgo, y se habla de que no ha dado la cara José Lobatón, quien pudiera —temen los afectados— haber salido del país.
¡Urge que intervenga la autoridad de forma más decidida!