¿Qué debemos hacer en Nuevo León ante la degradación crediticia de México de ayer?

Es altamente probable que la agencia Moody’s baje la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3 en las próximas semanas o antes de que termine el primer semestre de 2026, tras el cambio de perspectiva negativa que S&P aplicó el 12 de mayo. 

¿Qué representa Baa3? El último escalón dentro del llamado grado de inversión en la escala de Moody’s. 

Esto significa que la deuda mexicana quedaría a solo un nivel de caer a Ba1, territorio ya considerado especulativo o “basura”, lo que restringiría drásticamente la base de compradores y elevaría de forma permanente el costo de endeudamiento de nuestro país.

Un movimiento a Baa3 encarecería el costo del dinero tanto para el gobierno federal como para empresas mexicanas. El riesgo país escalaría a niveles graves. 

Dicho de otra manera, se traduciría en una prima de riesgo país más alta —es decir, el diferencial de rendimiento que los inversionistas exigen por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos— y en tasas de interés más elevadas para nueva deuda. 

México ya, de por sí, carga con un déficit fiscal proyectado en 4.1% del PIB para 2026, según el paquete económico federal, y la deuda general del sector público se mantiene en niveles que las propias calificadoras vigilan de cerca. 

¿Y cómo nos impacta en Nuevo León? No de forma automática, pero lo digo abiertamente: el encarecimiento del financiamiento nacional complica tanto la refinanciación de pasivos existentes como la contratación de nueva deuda para infraestructura en Nuevo León. 

Al mismo tiempo, Nuevo León conserva ventajas estructurales por encima del resto de los estados del país: es uno de los principales receptores de inversión extranjera directa por nearshoring —la relocalización de cadenas de suministro desde Asia hacia Norteamérica—, cuenta con un clúster industrial consolidado en Monterrey y tiene acceso directo al mercado estadounidense.

El gobierno de Samuel García puede mitigar el contagio del riesgo soberano actuando con rapidez en varios frentes simultáneos. 

Debemos resolver la falta del paquete fiscal 2026 para recuperar credibilidad ante las calificadoras y evitar la reciente baja de S&P. 

También necesitamos simplificar de manera radical los trámites de uso de suelo, licencias y permisos ambientales, digitalizando procesos con plazos obligatorios y reduciendo la discrecionalidad que retrasa proyectos de inversión. 

Finalmente, debemos priorizar con claridad los cuellos de botella que más afectan a la industria: abastecimiento confiable de agua a largo plazo, certeza en el suministro eléctrico y mejora sostenida en indicadores de seguridad. 

La inversión pública debe concentrarse en proyectos de alta productividad —logística, parques industriales modernos y conectividad—, en lugar de dispersarse como sucede hasta ahora.

Los empresarios de Nuevo León no pueden limitarse a observar. Las empresas que ya operan en Nuevo León tienen la oportunidad de acelerar la formación de proveedores locales de mayor nivel para reducir la dependencia de importaciones y capturar más valor del nearshoring. 

La coinversión en infraestructura, a través de esquemas de asociación público-privada bien estructurados, complementaría los recursos públicos limitados. 

¿Podemos en Nuevo León diferenciarnos del ruido nacional si demostramos disciplina fiscal, agilidad regulatoria y ejecución efectiva en los temas que más importan a la inversión productiva? Espero que sí. 

Un eventual recorte soberano a Baa3 de México no condena a Nuevo León, pero sí eleva la urgencia de ordenar las finanzas propias y de resolver los obstáculos concretos que hoy enfrentan las empresas locales. 

Cuidado con lo que venga por delante. La advertencia va en serio.