¿Tienen relación los recientes operativos en el noreste de México con las mentiras de Ken Salazar?
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En el noreste de México tenemos claro que el huachicol fiscal, el facturaje y el narcotráfico están entrelazados. Y no es casualidad que los operativos para desmontarlos se intensifiquen por estos días.
Ayer, 1,500 litros de hidrocarburo, 10 tractocamiones, 12 tanques tipo frac tank —con capacidad de hasta 90,000 litros cada uno— y 27 autotanques fueron asegurados; además, siete presuntos delincuentes fueron detenidos en dos operativos en tierra tamaulipeca, muy cerca de los límites con Nuevo León.
Estos golpes al crimen organizado sucedieron al mismo tiempo que, en la mañanera de la presidenta Sheinbaum, casi se pusieron en entredicho las relaciones diplomáticas con EUA.
Sheinbaum dijo con todas sus letras que el exembajador Ken Salazar es un mentiroso.
Al menos, se revivieron las dudas sobre la versión inicial del embajador Salazar y se expusieron las contradicciones en la cooperación bilateral de seguridad.
Hagamos memoria. El 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada García y Joaquín Guzmán López llegaron en una avioneta Beechcraft King Air al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, donde fueron detenidos por autoridades estadounidenses. En su momento, el entonces embajador Ken Salazar aseguró que no se habían utilizado recursos de EUA, que la aeronave no era utilizada por alguna de sus agencias de inteligencia y que no existía un plan de vuelo presentado ante autoridades de ese país.
El gobierno mexicano —tanto en la administración de Andrés Manuel López Obrador como en la actual de Sheinbaum—, solicitó información a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Las respuestas fueron siempre las mismas: ninguna agencia gringa había participado.
Casi dos años después, esa versión se ha vuelto insostenible.
La exhibición pública del avión en el War Eagles Air Museum, en Santa Teresa, Nuevo México, bajo un memorando de entendimiento con la oficina del FBI en El Paso, desmiente lo que se afirmó entonces de manera oficial.
La CIA ha reconocido su participación en el operativo, identificado como “Air Kings”, y presenta la aeronave como parte de ese comando exitoso.
El Beechcraft presenta modificaciones que dificultan aceptar la versión inicial de Salazar de una operación “sin recursos estadounidenses”.
Matrícula clonada, número de serie alterado, sistema de localización de emergencia removido, sistema de plan de vuelo modificado, luces de navegación eliminadas, tanque adicional de combustible y múltiples repintados del fuselaje.
La carta que el propio Ismael Zambada difundió en agosto de 2024, a través de su abogado, advierte que fue emboscado en el rancho Huertos del Pedregal, cerca de Culiacán, donde acudió a una reunión que supuestamente involucraba al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a Héctor Melesio Cuén Ojeda.
El escrito dice que fue agredido, encapuchado, esposado y obligado a subir al avión, donde Joaquín Guzmán López lo amarró al asiento.
Zambada niega haber tenido cualquier acuerdo voluntario con las autoridades de ambos países.
Ese mismo 25 de julio, en el predio de Huertos del Pedregal, fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda. La Fiscalía de Sinaloa presentó inicialmente el hecho como un intento de robo en una gasolinera y difundió un video que después fue desmentido.
Meses más tarde, la Fiscalía General de la República encontró evidencia —incluyendo sangre de Cuén en el rancho— que vinculó el homicidio con los hechos que rodearon la salida de Zambada.
El caso demuestra las contradicciones entre las versiones iniciales de la autoridad y las evidencias posteriores.
¿Qué quiero decir con lo anterior? Que las opacidades y las narrativas contradictorias no son exclusivas de un solo lado de la frontera.
Qué tanto un hecho como el otro están repletos de incoherencias y que, en lo que se dirimen responsabilidades, conforme a lo que me adelantó un alto funcionario de la SSPPC, los operativos en el noreste de México seguirán por un simple motivo: para desviar la atención de la opinión pública mostrando que se desmantelan centros de acopio de combustible ilegal y de laboratorios clandestinos.
Los operativos no están mal; lo malo es que no se va a la raíz del problema del crimen organizado, que es la demanda, al menos, de los regiomontanos.
