¿Qué me reveló sobre la CIA un experto en seguridad nacional de Nuevo León?

A partir de mi artículo de ayer, me pidió verme con urgencia un experto en seguridad nacional de Nuevo León. 

Nos citamos en un bar. De esos donde uno —si traes con qué— puede fumarse un habano. 

Como en la vieja canción The Gambler (El jugador), de Kenny Roger, por un whisky y un Cohiba, el experto en seguridad me confió algunos secretos de la CIA. 

“Hay historias que comienzan como nota roja; un accidente en una carretera perdida, pero terminan revelando un juego de espías”. 

Le dije al regiomontano —me referiré así a mi informante para no evidenciar la fuente— que no me gustan las frases rimbombantes, así que fui al grano. 

En una sierra de Chihuahua, en un camino de terracería, un vehículo cae por un barranco de casi 200 metros. Cuatro funcionarios mueren. No hay sobrevivientes. Hasta ahí, una tragedia administrativa, de esas que se archivan con rapidez. Pero lo que sigue pone todo patas arriba. 

Entre los fallecidos había agentes encubiertos de la CIA (Central Intelligence Agency). 

La Fiscalía de Chihuahua ofrece versiones incoherentes: primero una misión conjunta, luego instructores de drones que “casualmente” se cruzan con un convoy. Ese desplazamiento de versiones, que en política suele ser más revelador que cualquier declaración frontal, abre una pregunta de fondo: ¿qué hacían realmente ahí?

Le pregunto al regiomontano: ¿hubo o no una operación extranjera en territorio mexicano?

Me explica el informante que lo que este episodio deja entrever no es un hecho aislado, sino —se diría— la manifestación visible de una estructura mucho más antigua.

La CIA no opera en México de manera ocasional. Mantiene, desde hace décadas, una presencia que podríamos llamar institucionalizada pero discreta. Estaciones, bases, centros de coordinación. En ciudades clave del norte, especialmente Monterrey, donde la frontera no es solo geográfica, sino operativa. Lugares donde, formalmente, hay cooperación. Y donde, informalmente, hay márgenes de autonomía.

En el centro de ese entramado aparecen los llamados “centros de fusión”. 

Espacios donde agencias mexicanas y estadounidenses comparten inteligencia para combatir al crimen organizado. Esa es la versión pública. Pero, según el regiomontano existiría una doble vía: la visible, como aquella Iniciativa Mérida, y otra más opaca, dentro de instalaciones diplomáticas estadounidenses a las que el Estado mexicano no tiene acceso.

Es arquitectura de cooperación asimétrica. Y esa asimetría no es nueva.

Hay un antecedente particularmente ilustrativo: la Operación LIENVOY. Un programa de interceptación telefónica impulsado por la CIA en México. Lo interesante no es solo su existencia, sino su lógica: México permitía ciertas intrusiones a cambio de capacidades tecnológicas. Era intercambio de soberanía con eficacia.

Esa lógica, con variaciones, persiste hasta hoy. 

Donald Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y abre una zona gris en la que agencias como la CIA podrían justificar operaciones más autónomas, bajo el argumento de protección nacional.

Pero hay otro frente, menos visible y quizá más delicado: el Golfo de México.

El regiomontano habla de una operación intensificada en esa zona, conocida como Southern Spear. Un concepto que redefine el Golfo no como un espacio marítimo, sino como una “zona de sombra”. 

Ahí aparecen tecnologías como los drones MQ-9 Reaper, capaces de operar en aguas internacionales y, eventualmente, bordear o incluso penetrar espacio aéreo mexicano. Aparece también el SIGINT, la inteligencia de señales, a través de sistemas que ya no son satélites únicamente, sino boyas submarinas capaces de interceptar comunicaciones de embarcaciones no identificadas.

Y luego está el componente energético. El llamado “Hoyo de Dona”, yacimientos transfronterizos donde la línea jurídica es difusa. 

En ese terreno, la vigilancia adquiere una dimensión distinta: ya no es solo seguridad, es también competencia económica. 

A esto se suma un tercer elemento: la presencia de China. La instalación de infraestructura en puertos del Golfo ha encendido alertas en Washington. Y la sospecha —difícil de probar, pero constantemente insinuada— es que ciertas plataformas civiles podrían tener capacidades duales, es decir, civiles y militares.

El resultado es un espacio saturado de vigilancia. Un auditorio estratégico donde se cruzan rutas de narcotráfico, flujos energéticos y rivalidades entre potencias.

Visto así, el accidente en Chihuahua deja de ser un episodio aislado. Se convierte en una grieta por la que se asoma todo este entramado.

Y, entonces, le planteo al regiomontano una pregunta incómoda. ¿Quién define la legalidad cuando las operaciones son, por definición, secretas? ¿Y bajo qué mecanismos se controla a quienes operan fuera del escrutinio público?

Quizá lo más importante no sea el accidente en sí, sino lo que revela: que la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad sigue operando en un terreno ambiguo.

Porque, al final, toda alianza en las sombras tiene un problema estructural: funciona mientras no se vea. El momento en que se hace visible —aunque sea por un accidente en una carretera perdida— obliga a redefinir sus límites.

Y en este caso, esos límites siguen sin estar del todo claros. 

Se consumió el Cohiba. Se terminó el último trago de whisky y el bar —ya era muy noche— cerró. Pendiente el resto de las revelaciones.