¿Quiénes serán los funcionarios públicos electrocutados en Monterrey por el caso Next Energy?
Sin Censura
Ayer se vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones.
Y lo que parece un caso local, en realidad podría ser el inicio de algo mucho más grande. Mucho más incómodo. Y mucho más cercano a Monterrey de lo que algunos suponen.
Porque detrás de la acusación hay un patrón.
Un mismo esquema.
Un mismo tipo de contrato.
Y la misma empresa. El mismo dueño.
En Baja California, Bonilla fue imputado después de una audiencia maratónica de más de trece horas.
La Fiscalía sostiene que durante su administración se firmó un contrato con Next Energy para construir una planta solar que abastecería de energía al acueducto Río Colorado.
Suena bien. Energía limpia, infraestructura moderna, inversión a largo plazo.
El tropiezo consiste en que, cuando se revisaron los documentos —esta columna fue pionera en esa investigación—, el proyecto empezó a desmoronarse.
Tengo en mis manos el impreso del contrato.
Pagos comprometidos por más de $123 millones de pesos, respaldados con participaciones federales, durante hasta treinta años.
¿Hubo licitación pública?
No. ¿Hubo estudios de viabilidad?
No. ¿Se respetaron competencias federales?
No.
La planta nunca se construyó.
El dinero sí estaba comprometido.
Durante meses, parecía que el caso se quedaría en una sanción administrativa.
Un juez fijó seis meses de investigación complementaria y una garantía económica apenas superior a los $100,000 pesos.
Nada que hiciera temblar a nadie. Pero la historia no paró ahí.
En diciembre pasado, Bonilla fue inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos por irregularidades en el mismo contrato.
Y ahora le llega la vinculación a proceso.
Lo curioso es que el expediente no se detiene en Baja California.
El principal accionista de Next Energy es el empresario Eugenio Maíz Domene, originario de Nuevo León, quien enfrenta prisión preventiva en Aguascalientes por un caso con características idénticas.
Contrato millonario.
Infraestructura prometida.
Obligaciones de pago a largo plazo.
Y una planta solar que nunca se construyó.
En Aguascalientes se habla de un contrato cercano a $20,000 millones de pesos.
Desde 2019 se reportaron pagos acumulados por más de $880 millones de pesos bajo esquemas llamados take or pay.
Es decir, pagar, aunque no recibas el servicio. Pagar, aunque no exista la planta.
Pagar, aunque no haya energía.
Pagar, aunque no haya nada. Pagar y pagar.
Entonces viene la pregunta inevitable: ¿y Monterrey?
Aquí es donde el tema se enturbia.
En 2020, durante la administración de Adrián de la Garza, el Ayuntamiento firmó un contrato a treinta años con la misma empresa, Next Energy, para construir el Parque Solar La Palapa I en Cerralvo.
$39 millones de dólares de inversión prometida.
22.5 megawatts de capacidad.
Suministro de energía limpia para el municipio.
El problema es que la Comisión Reguladora de Energía nunca autorizó el proyecto.
Y la empresa desistió de la Manifestación de Impacto Ambiental ante la Semarnat.
El proyecto se frenó. Así de plano. Pero hay versiones de que los pagos continuaron.
Algunos dicen que fue legal.
Otros que fue necesario.
Otros que fue un error.
Lo que sí sabemos es que la Fiscalía de Nuevo León se coordinó con la de Aguascalientes después de la detención de Maíz Domene.
Y que dentro del Ayuntamiento se han mencionado multas por incumplimiento, renegociaciones, pagos adicionales y contratos poco claros.
También se han señalado nombres: funcionarios actuales, exfuncionarios, empresarios.
Y hasta la contralora municipal ha sido mencionada indirectamente en el entramado, por supuestos vínculos empresariales con compañías relacionadas con Next Energy.
El patrón se repite: contrato sin transparencia.
Promesas de infraestructura.
Pagos garantizados.
Obligaciones a largo plazo.
Baja California.
Aguascalientes y Monterrey. Tres estados.
La misma empresa.
El mismo modelo.
Las mismas dudas.
Por eso la pregunta ya no es si hubo irregularidades. La pregunta que te formulo es otra: ¿la vinculación a proceso de Jaime Bonilla es un hecho aislado o es la primera pieza del dominó que empieza por caer?
Porque si la justicia decidió avanzar en Baja California, si ya hay prisión preventiva en Aguascalientes, y si en Nuevo León existen contratos con las mismas características, lo que viene podría ser mucho más grande de lo que imaginamos. Más grande políticamente.
Más grande jurídicamente.
Y más incómodo para muchos. ¿Quiénes serán los funcionarios públicos de Monterrey electrocutados por el caso Next Energy?