Ayer se reunieron en Palacio Nacional el gabinete legal y el ampliado. Fue una junta, en teoría, hermética y confidencial.
Las principales intervenciones fueron las del secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales.
Insisto en que los asuntos tratados fueron de extrema confidencialidad, pero esta columna sabe, de primera fuente, sobre una diferencia que va más allá de lo estratégico entre el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el general Trevilla.
Debió mediar la propia Presidenta para amainar las diferencias. Y se barajaron otros nombres de objetivos militares que serán capturados en los próximos días.
No será fácil. Ante una disputa interna en la principal banda delictiva del mundo para decidir quién heredará el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, abatido en Tapalpa, Jalisco, el gobierno federal tendría que desplegar medidas disuasorias de gran calado. Habrá que recordar la pérdida de la vida de 25 heroicos integrantes de la Guardia Nacional en el operativo de Tapalpa.
¿Cuenta el Estado mexicano con infraestructura para cumplir estas metas superlativas y estos desafíos monumentales? En equipamiento, sí; en voluntad política, en cambio, se registran reacciones en pugna, algunas de carácter irreconciliable.
Me confía el exagente de la DEA —bueno, en realidad, un agente nunca deja de serlo— Mike Vigil que se pegó muy fuerte la cabeza de ese cártel, y señala la peculiaridad de que Oseguera concentraba jerárquicamente todas las decisiones logísticas, operativas y comerciales. Es decir, su ausencia debilita al cártel que controlaba con mano férrea, pero, irónicamente, eso vuelve más peligrosa a la organización acéfala. Nada peor que un animal herido.
¿Qué se dijo sobre Nuevo León en la reunión secreta en Palacio Nacional con el gabinete legal y ampliado? Que es de los estados con menos riesgo potencial; que somos de las zonas menos vulnerables del territorio nacional, aunque seamos vecinos de Tamaulipas, donde los ataques terroristas —¿de qué otra manera podríamos definirlos?— han golpeado en la línea de flotación a la gobernabilidad estatal.
Sin embargo, en Nuevo León hay cómplices del capo abatido, quizá el más poderoso del mundo, sin exagerar. ¿Vendrán por ellos, sumando a tres servidores públicos en activo? Ahí está la disputa entre altos funcionarios del gobierno federal.