Un gran político de Nuevo León, muy bien informado, me lo adelantó hace días. El Consejo Nacional de Morena se reunirá este sábado 7 de marzo para aprobar las reglas, tiempos y métodos de selección de candidatos a las 17 gubernaturas en disputa para las elecciones de 2027.
Entre estos 17 estados se incluye Nuevo León, lo que plantea incógnitas e implica varias ventajas y una gran desventaja para quien se quede con la candidatura de Morena a gobernar nuestro estado.
Se supone que este proceso interno establecerá los criterios generales para coordinadores estatales, distritales y municipales, con énfasis en encuestas para garantizar un “piso parejo”.
Que nadie se haga bolas —como dijo Carlos Salinas de Gortari cuando ratificó a Luis Donaldo Colosio Murrieta como el candidato presidencial del PRI en 1994—: quien sea designado coordinador de Morena en Nuevo León será quien se lleve la candidatura estatal de Morena en la bolsa. Este mecanismo ya no es una novedad. ¿Por qué se usa entonces el eufemismo de “coordinador”? Para no cometer un denso y flagrante delito electoral. La forma es fondo.
Lo que se configure el próximo sábado, definirá al candidato estatal de Nuevo León, pero también de Sonora, Baja California, Michoacán, entre otros, en el primer semestre de 2026, es decir, un año antes de los comicios, y analizará las alianzas con el PT y PVEM. ¿Por qué se hace esta sesión del Consejo Nacional de Morena justo cuando acaba de llegar al Legislativo la iniciativa presidencial de reforma electoral? Para acelerar la decisión que se tome con respecto a esos partidos hasta ahora aliados —o subordinados— a Morena.
Dicho de otro modo, si no se cuenta con el apoyo del Verde y del PT para la reforma electoral, no habrá alianza de Morena con ellos. Y, se supone, quedarán exhibidos —o más bien eclipsados— ante la opinión pública, mientras Morena se va solo al proceso electoral de 2026.
Sin duda, se trata de una fórmula arriesgada para todos los protagonistas, aunque dicha alianza ya está formalizada —es un decir— en Nuevo León.
La sesión, convocada por Alfonso Durazo, ha subrayado que las reglas se harán con transparencia y buscando la unidad, aunque no iniciará levantando encuestas inmediatamente, como aún suponen algunos colegas analistas despistados.
En Nuevo León, este anuncio acelerará la ya de por sí muy encaminada competencia en las entrañas del oficialismo.
Encuestas actuales posicionan a Morena con 32-40% de intención de voto, pero estos porcentajes no representan nada en tanto no se elija el perfil que abandere a Morena. Y lleva sus malas premoniciones. La principal: que el método de encuestas genere divisiones y fisuras si se percibe algún tipo de favoritismo centralista en la sala de máquinas de la 4T, poniéndole un respirador a los que pierdan.
Diré primero las ventajas, que pueden diluirse o cimentarse conforme pase el tiempo. Por un lado, se dan muestras de organización en un estado no gobernado por Morena.
Legalmente, las reglas deben alinearse con el calendario del INE y garantizar paridad de género para evitar impugnaciones.
Sin embargo, vislumbro aquí una posible contradicción. Los estatutos de Morena enfatizan unidad y cohesión, pero múltiples aspirantes agitarían el fantasma de futuros litigios que desgastarían al puntero o ganador.
Es probable que Morena proyecte planeación temprana a nivel nacional, y así logre centrar toda su energía, todo su esfuerzo, en su expansión en Nuevo León, pese a debilidades, disputas y fisuras locales.
Al inicio de esta columna aludí a una posible desventaja evidente. ¿Cuál es? Que la tan prematura aprobación exponga las fricciones internas y los comportamientos de disidencia antes de que inicien las campañas oficiales. Y ese escenario derivaría en posibles fracturas irremediables si el método ignora las encuestas locales que ya se han publicado, invalidando los beneficios incluso si el proceso es inclusivo y cohesiona los diversos bandos. ¿Se gana o se pierde tiempo para reconectar con los inconformes? Ya se verá.