Durante años, el sector Fintech mexicano se desarrolló en una zona relativamente alejada de la política dura. El sector era visto como un modelo de emprendimiento financiero necesario para cubrir mayores sectores de la población, que resultaban estar marginados frente a la banca institucional. Esa percepción está cambiando. A medida que el sector crece tanto en número de usuarios como en el impacto económico que genera, entra inevitablemente en el radar político.
En efecto, a diferencia de otros sectores tecnológicos que emergen al margen del interés estatal, el ecosistema Fintech en México ha pasado de ser un fenómeno de nicho a ocupar un lugar central en la agenda económica y financiera del país. Según datos del Reporte Fintech 2025, México concentra cerca de 1,000 iniciativas Fintech, tanto locales como extranjeras, y crece a un ritmo cercano al 20% anual, con más de 70 millones de usuarios y proyecciones que apuntan a cerca de 86 millones en 2027, reflejo de una adopción masiva y estructural de servicios digitales.
Este crecimiento del sector Fintech no solo responde a la innovación tecnológica, sino también a diversos factores estructurales del mercado mexicano. Uno de ellos es la tasa alta de población no bancarizada o subatendida: más de la mitad de los adultos en el país carecen de mecanismos de ahorro formal y una porción significativa depende del efectivo en su vida cotidiana. Otro factor es la demanda creciente de soluciones accesibles de pago, crédito y remesas que representan un amplio sector de la vida económico-financiera del mexicano.
En este contexto, el sector Fintech emergió inicialmente como un espacio de experimentación tolerado en un “margen regulatorio” que la banca tradicional no atendía y el Estado no priorizaba, permitiendo modelos ágiles —por así decirlo— y una rápida expansión sin la carga de supervisión estricta que caracteriza a las instituciones financieras tradicionales.
Sin embargo, esa zona intermedia está desapareciendo. La expansión del sector ha convertido al sector Fintech en un actor principal, con impacto sistémico real por su volumen de transacciones, una amplia base de usuarios y su integración con infraestructuras de pagos y crédito. Estos tres elementos han atraído inevitablemente la atención política y regulatoria hacia el sector.
El marco regulatorio mexicano, establecido desde 2018 y actualizado recientemente como parte de las reformas de la llamada Fintech Law 2.0, que buscan incluir reglas para IA, cripto y Open Finance, refleja este cambio de enfoque al introducir requisitos al sector para la gestión de riesgos avanzados, interoperabilidad de datos y responsabilidad algorítmica, componentes clave en la regulación de sectores con impacto directo en la estabilidad financiera y la confianza pública, como ya lo es el sector Fintech.
Esta transformación regulatoria y política responde tanto al crecimiento del sector como a desafíos estructurales detectados por el regulador y actores internacionales. Entre ellos se encuentran el desarrollo de un marco de supervisión para monedas digitales, la evolución del cumplimiento de AML/KYC hacia soluciones basadas en inteligencia artificial y la presión internacional por normas de integridad financiera, que aumentan la exigencia sobre el sector Fintech.
El resultado es un entorno en el que el sector Fintech ya no es visto únicamente como un motor de inclusión o una ola de innovación, sino como una pieza crítica de la estructura económica nacional, con responsabilidades de estabilidad, seguridad y gobernanza digital.
De hecho, esta percepción ya impacta directamente en la forma en la que se toma en cuenta el sector en la política nacional, desde la atención en foros regulatorios hasta su consideración en estrategias de inclusión y desarrollo financiero regional.
Cuando las empresas Fintech emergen como proveedores de servicios que antes eran dominio exclusivo de la banca tradicional —incluidos neobancos con licencias completas, como el reciente caso de un neobanco británico autorizado por la CNBV para operar en México— se solidifica la transición del otrora, considerado sistema emergente, a ser un actor institucionalizado con implicaciones para la política económica y social del país.
Este cambio tiene consecuencias claras para inversionistas y líderes sectoriales. El riesgo país ha dejado de ser medido solo por las variables macroeconómicas clásicas y ahora incorpora la capacidad del sector para anticipar y responder a ciclos políticos intensos, así como para demostrar contribuciones sociales medibles, más allá del crecimiento de usuarios o de la innovación tecnológica, por más atractiva que esta sea.
'Los agiotistas de la colonia adoptaron la tecnología y se modernizaron'
Es importante considerar que el contexto de innovación del sector fintech en México surge de una combinación de necesidad estructural y oportunidad tecnológica. Estructuralmente, México contaba con un sistema financiero históricamente concentrado, con altos costos de intermediación y una amplia población subatendida, lo que creó un terreno fértil para soluciones alternativas.
Por otro lado, la rápida adopción de teléfonos inteligentes, el crecimiento del comercio digital y la familiaridad de los consumidores con plataformas tecnológicas permitieron que algunos modelos financieros escalaran con rapidez.
En tal sentido, la innovación en el sector Fintech en México fue impulsada tanto por avances tecnológicos como por la urgencia de resolver problemas de acceso al crédito, pagos eficientes, remesas, informalidad y falta de historial financiero.
La innovación del sector se caracterizó por su pragmatismo más que por haber entrado como una sofisticada —y dirigida— disrupción pura. Las empresas Fintech mexicanas innovaron combinando tecnología existente, datos alternativos, automatización, APIs y analítica avanzada, con modelos de negocio diseñados para operar a bajo costo y alta escala.
Esta adopción tecnológica permitió rapidez en la experimentación y una notable capacidad de adaptación a las condiciones locales. No obstante, la innovación avanzó más rápido que los marcos institucionales que la acompañaban. El resultado fue un sector dinámico y creativo, pero que hoy enfrenta el reto de traducir esa innovación temprana en estructuras formales capaces de sostener un crecimiento y una legitimidad a largo plazo.
La alternativa de solución: alinearse antes de ser alineados
El periodo previo a las elecciones intermedias de 2027 en México genera una convergencia poco favorable para sectores que no han consolidado legitimidad institucional. En esta fase, los gobiernos tienden a priorizar control, previsibilidad y reducción de riesgos visibles. La innovación que no se traduce en beneficios sociales claros se vuelve vulnerable.
En este contexto, el sector Fintech enfrenta varias presiones. Por un lado, se tiene una agenda regulatoria que no se detendrá —pendientes están la realización de ajustes a esquemas de supervisión, fiscalización digital, AML/KYC y sistemas de pago—. Por otro lado, se tiene un entorno político en el que cualquier incidente, ya sea un fraude, un ciberataque o una quiebra visible, puede escalar rápidamente a un problema público.
Este es el punto crítico. Cuando los fondos de capital perciben que la política puede alterar las reglas con rapidez, la inversión se vuelve más cautelosa y concentrada. No desaparece, pero cambia de destino.
Ante este escenario, el sector Fintech tiene varios caminos por seguir. Dos de ellos aparecen inmediatamente. El primero es esperar, reaccionar caso por caso y confiar en que la regulación será razonable. El segundo es anticiparse y alinearse estratégicamente con las prioridades del Estado, sin perder identidad ni competitividad. Es decir, entender la lógica política y profesionalizar su capacidad de trabajo en conjunto con el Estado y con el sistema financiero nacional.
La solución no pasa por politizar el negocio, sino por entender la política. Los sectores que logran estabilidad en ciclos electorales son aquellos que demuestran utilidad pública, disciplina institucional y capacidad de autorregulación. Para Fintech, esto implica articular su contribución a inclusión financiera real, la formalización económica, la seguridad de transacciones y el desarrollo regional.
En un país en el que el sistema financiero es un asunto estratégico del Estado, cualquier actor que intermedie pagos, crédito o datos sensibles deja de ser neutral o marginal. El capital, por más sofisticado que este sea, no opera en el vacío político.
El reto central hoy es que el sector Fintech ya no es solo un tema de mercado. Su desempeño lo ha llevado a ser considerado como un tema de estabilidad financiera, seguridad, gobernanza digital y, sobre de todo, recaudación. (ThinkBox Risk Report).