Morelos en el discurso, Iturbide en los hechos. Parte 2
Soy doctor en Derecho por la UNAM, ex Magistrado Federal, ex Subprocurador Jurídico y ahora socio director de Spetsen, SC. También soy especialista en temas fiscales y de prevención de lavado de dinero. Me gusta jugar tenis y me apasiona el futbol soccer
El quiebre alcanza a la independencia judicial. Desde Apatzingán surgió la aspiración de construir una jurisdicción propia del nuevo Estado, y el constitucionalismo de 1824 consolidó al Judicial como poder separado, reconociendo el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial.
La reforma judicial caminó en sentido distinto. Sustituyó buena parte del sistema profesional de carrera por elecciones populares precedidas por comités de evaluación en los que la mayoría gobernante tuvo una influencia considerable y creó un Tribunal de Disciplina con amplias facultades sobre los juzgadores.
El viejo Poder Judicial podía, y probablemente debía, reformarse. Pero existe una diferencia entre corregir un contrapeso defectuoso y disminuir su independencia frente al poder que debe controlar. Un juez que debe calcular posibles consecuencias disciplinarias de una decisión incómoda ya no juzga bajo las mismas condiciones de independencia.
El pacto federal también se mueve hacia la centralización. La caída del Imperio y la adhesión de las provincias al Plan de Casa Mata desencadenaron un proceso de afirmación provincial que desembocó en la Federación de 1824. No fue una concesión de la capital, sino parte del acuerdo que permitió mantener unido al país.
Hoy la dirección es inversa. El propio IMSS-Bienestar ha definido su modelo como una estrategia de centralización y federalización: 23 entidades transfirieron infraestructura, hospitales, personal, recursos y capacidades operativas hacia un organismo federal.
Puede defenderse esa política por razones de universalidad o eficiencia. Lo que no puede negarse es su efecto institucional: competencias antes estatales pasan al centro.
Seguimos teniendo gobernadores, congresos y constituciones locales. La pregunta es cuánto federalismo sustantivo permanece cuando una porción creciente de las decisiones y capacidades operativas se desplaza hacia la Federación.
Finalmente, están los privilegios corporativos. Morelos estableció en el Punto 13 de los Sentimientos de la Nación que las leyes debían comprender a todos “sin excepción de cuerpos privilegiados”.
No ha regresado el fuero militar decimonónico. Ha surgido algo distinto: una esfera excepcional de poder administrativo, económico y operativo concentrada en las Fuerzas Armadas.
Los militares construyen y administran infraestructura; participan en aeropuertos, puertos, aduanas y ferrocarriles; intervienen en migración y seguridad pública, y controlan a la Guardia Nacional, dotada de facultades de investigación, inteligencia y operaciones encubiertas.
La militarización no consiste solamente en soldados patrullando las calles. Consiste también en acostumbrarnos a que más espacios del Estado civil sean administrados por estructuras militares.
A ello se suma una percepción de justicia selectiva frente a figuras cercanas al poder. Segalmex generó millones de pesos en observaciones, procedimientos administrativos y denuncias penales. Jurídicamente sería incorrecto equiparar todo lo observado con daño patrimonial probado, pero resulta difícil ignorar la distancia entre la dimensión del escándalo y la claridad con la que la sociedad ha conocido las responsabilidades de sus principales mandos.
Otros episodios de financiamiento político opaco y circulación de dinero en efectivo alrededor de actores partidistas alimentan la misma pregunta: ¿la ley funciona con idéntico rigor para el ciudadano común que para quienes pertenecen al entorno del poder?
Se dirá que el gobierno puede transformar esas instituciones porque cuenta con mandato popular y porque muchas habían terminado capturadas por élites y privilegios. Es una objeción atendible.
Pero Morelos ya respondió al problema esencial: no pidió un caudillo providencial, sino soberanía popular, Congreso, división de poderes y una buena ley superior a todo hombre.
La democracia constitucional tampoco significa que las instituciones sean intocables. Pueden y deben reformarse. Pero la mayoría decide quién gobierna; la Constitución determina hasta dónde puede gobernar.
Los contrapesos no se diseñan pensando en el gobernante que uno quiere, sino en el gobernante que uno teme. Las facultades que hoy entregamos a los nuestros pueden ser las mismas que mañana utilizarán nuestros adversarios.
Por eso no se puede presumir el sombrero de Morelos mientras se gobierna con las mañas de Iturbide. Aclarando que Iturbide no es un insulto ni una equivalencia histórica. Es una advertencia. México descubrió desde su nacimiento que sacudirse al monarca extranjero servía de poco si después permitíamos que el poder volviera a concentrarse dentro de nuestras fronteras.
En estas Fiestas Patrias más importante que qué héroes aparecerán en el Grito, es saber qué instituciones estamos dejando en pie.
La 4T puede reconocerse en el Morelos preocupado por los pobres. El problema es que Morelos no termina ahí. También existe el Morelos que exigía que la buena ley fuera superior a todo hombre.
A mi ver, en la fotografía del México que estamos construyendo aparece menos Morelos de lo que se presume y bastante más Iturbide de lo que debería preocuparnos.