¿Quién gana en el presupuesto de Nuevo León 2026?

En Nuevo León parecen coexistir dos realidades financieras paralelas. Por un lado, está el “presupuesto de las excusas”, ese que se invoca cada vez que se detienen las obras del Metro o el drenaje pluvial; por el otro, el “presupuesto de los privilegios”, ese que fluye sin retrasos, burocracia ni “parálisis legislativas” hacia las arcas de los partidos políticos.

Es una falta de respeto a la lógica ciudadana: para 2026 —un año sin elecciones—, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) ha blindado una bolsa de $345 millones de pesos. Para la clase política no hay “falta de excedentes” que valga; su cheque siempre llega puntualmente.

Resulta paradójico que en el estado no haya recursos para terminar las columnas de las Líneas 4 y 6 del Metro, pero sobren millones para las “columnas” de los partidos. Mientras el ciudadano padece el caos vial de una obra frenada, el presupuesto se distribuye con puntualidad quirúrgica:

Movimiento Ciudadano ($89.0 MDP): La tajada más grande, impulsada por su crecimiento en la última votación de diputados.

Morena ($70.0 MDP): Un flujo constante garantizado por su consolidación como fuerza nacional y local.

PAN ($68.0 MDP): Mantiene una base sólida pese a los movimientos en el tablero político.

PRI ($51.0 MDP): Aunque ha perdido terreno, su estructura le permite seguir captando recursos considerables.

PVEM ($24.0 MDP): El “Partido Verde” asegura una cifra que alimenta su supervivencia como aliado estratégico.

PT ($22.0 MDP): Con una votación menor, el Partido del Trabajo sigue recibiendo cantidades millonarias.

¿En qué se traduce este gasto? En alimentar una maquinaria estéril. Mientras al ciudadano se le pide paciencia ante obras inconclusas, el dinero se diluye en una auténtica caja negra: sueldos de amigos, consultorías fantasmales, papelería excesiva y eventos privados que no le arreglan la vida a nadie.

El problema no es solo el monto, sino la opacidad. Son recursos que los municipios podrían utilizar para tapar baches o mejorar la infraestructura básica, pero que terminan financiando “capacitaciones” de dudosa existencia y el mantenimiento de burocracias doradas partidistas.

El contraste ético es insostenible. Mientras el gobierno estatal, los organismos autónomos y los municipios argumentan falta de presupuesto para sus funciones básicas, la ley protege el dinero de los partidos como si fuera sagrado.

Lo más grave es que la presencia de los partidos en la sociedad se ha diluido. Sus comités estatales rara vez defienden posturas sociales o impulsan políticas públicas de alto impacto; mucho menos realizan actividades de responsabilidad social. Hoy, la mayoría de la población desconoce quiénes lideran estas instituciones, pues su función ya no es hacer política abierta, sino administrar sus bienes privados.

La clase política debe dejar de decir que “no hay dinero”. El presupuesto está ahí; lo que falta es compromiso. Es inadmisible que el ciudadano sea el único que cumple “en tiempo y forma” con sus impuestos, solo para recibir a cambio una ciudad que sufre para concluir sus obras y municipios que no reciben lo suficiente para brindar servicios básicos.

Al final del día, el contribuyente paga la fiesta de los partidos mientras espera, atrapado en el tráfico, a que alguien recuerde que la prioridad debería ser la calle y no los privilegios de un comité estatal que ni siquiera escucha a sus propias bases.