Mal parado sigue quedando el proyecto de los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Coahuila.
Son múltiples las quejas y los casos que evidencian su ineficiencia y la falta de políticas y estrategias que realmente cumplan con el objetivo de proteger a las mujeres víctimas de violencia. En contraste, cada vez que tiene oportunidad, su directora, Deyanira Nájera, presume que se han brindado casi 50 mil atenciones en lo que va del año y apoyo a más de 2,500 mujeres.
Cifras, solo cifras que terminan en una hoja de registro. La realidad habla de una burocracia absurda para atender y orientar a quienes acuden en busca de ayuda, la mayoría de las veces en condiciones desesperadas.
Al menos cinco feminicidios se han registrado en distintos puntos del estado y, en varios de ellos, existían antecedentes de violencia; la autoridad tenía conocimiento de los casos y, aun así, no se dictaron medidas de protección efectivas.
Las víctimas de violencia siguen siendo víctimas y un nombre más anotado en una lista de atención.
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La mugre sigue saliendo del Ayuntamiento de Torreón durante el periodo que encabezó el extinto Román Alberto Cepeda. Por ello, el nuevo alcalde decidió poner orden de inmediato. Miguel Ángel Riquelme ha removido a diversos funcionarios que, evidentemente, no encajaban en la dinámica de la nueva administración.
En el Simas la situación era particularmente grave, aunque otras dependencias municipales tampoco se han quedado atrás. Debido a ello, legisladores laguneros han llamado a revisar el padrón de proveedores de la administración pública para comenzar a transparentar el manejo de los recursos.
Y es que, según ha trascendido, el municipio mantenía contratos millonarios con empresas que ni siquiera estaban registradas y que, pese a ello, accedían a recursos públicos mediante convenios irregulares.
También hubo cambios en el área de Salud y en dependencias administrativas que podrían ayudar a desenredar todavía más irregularidades. No hay mal que por bien no venga.
¡¡Yássas!!