El inicio del ciclo escolar deja claro que el regreso a clases es, para muchas familias de Nuevo León, una carga económica creciente. El gobierno estatal estima que regresarán a las aulas 1,049,000 alumnos este 2025; esa magnitud convierte cualquier incremento unitario en una presión fiscal real sobre el bolsillo familiar.
En lo local, estudios del Centro de Investigaciones Económicas de la UANL señalan que el gasto en útiles por alumno puede oscilar entre 3,000 y 7,000 pesos, dependiendo del tipo de escuela y del grado. Para muchas familias, equipar a un hijo implica sacrificar varias semanas de salario.
Estos impactos se replican en la economía local: la Canaco de Monterrey calcula una derrama de entre 7,000 y 7,300 millones de pesos en esta temporada, reflejo tanto de la actividad comercial como de la inflación en la canasta escolar. Este volumen económico demuestra que el problema no es marginal, sino sistémico.
A nivel nacional, Profeco publicó listas de precios con promedios por grado que parecen moderados (entre 305 y 436 pesos según grado), pero la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes estima que el gasto real en útiles, uniformes, cuotas y limpieza alcanza 10,916 pesos por alumno, un aumento interanual del 12.66%, con los útiles subiendo cerca del 16.66%. La diferencia entre “precio de lista” y el “gasto efectivo” es la brecha que pagan las familias.
¿Por qué ocurre esto en Nuevo León? Tres factores clave: 1) la inflación en materias primas y logística; 2) la presión del consumo aspiracional (mochilas de marca, gadgets), que obliga compras suplementarias; 3) la falta de políticas industriales que impulsen la oferta local de insumos escolares.
Así, la educación básica se privatiza en la práctica: gratuita en el papel, costosa en el hogar.
Lo más importante para el futuro de un país es garantizar que las nuevas generaciones tengan mejor calidad en su desarrollo intelectual y emocional, lo que requiere más infraestructura de escuelas públicas, mejores maestros y recursos adecuados para todos los niveles. En este sentido, la diputada Priscila Villarreal, quien es presidenta del Consejo de la Comisión de Educación en el Congreso de Nuevo León, ha promovido iniciativas para mejorar la educación pública y apoyar a las familias en la compra de útiles y uniformes, buscando reducir la brecha económica que afecta directamente la igualdad de oportunidades. Sin embargo, las necesidades son muchas en un estado donde, cada año, llegan 170,000 nuevos habitantes y muchas familias con niños que tienen derecho a una educación que, constitucionalmente, debería ser gratuita.
Las ferias de descuentos y programas locales (Profeco–Canaco, municipios) alivian temporalmente, pero no resuelven la raíz del problema. Nuevo León necesita políticas estructurales: compras consolidadas de insumos, incentivos a la producción local y apoyo directo a hogares vulnerables. Mientras tanto, cada regreso a clases sigue siendo una prueba de resistencia para las familias, y la oportunidad de aprender plenamente sigue siendo un lujo que depende de la capacidad económica de los padres.
“Un país que no pone la educación básica primero en su presupuesto federal está construyendo riqueza para hoy y pobreza para su futuro