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Opinión

Réplicas a mi artículo contra el machismo en el proceso electoral de Monterrey

Sin Censura

He recibido infinidad de comentarios sobre mi anterior artículo “¿Anulación del proceso electoral en Monterrey? Mitos y realidades” (19/7/2023).

Muchos son de respaldo bien argumentado; otros me cuestionan airadamente y los demás son insultos y groserías que no ameritan mi réplica (¿para qué?).

Me llaman la atención, eso sí, los comentarios de muchas jóvenes regiomontanas, como Andrea Garza, del cual se deriva un diálogo enriquecedor sobre perspectiva de género.

Es verdad: se demuestra que la propaganda mediática que desplegó el equipo del candidato del ‘PRIAN’ a la alcaldía de Monterrey, destila un sesgo de corte flagrantemente machista.

Dicho de otro modo, se reprodujeron estereotipos de género que afectaron malamente, dolosamente, el proceso electoral.

¿Esperan ellas la sanción correspondiente? Desde luego que sí. ¿Por qué? Simple: se trata de respetar la participación libre e igualitaria de las mujeres en los procesos comiciales. Hay indicios de que en este caso no se respetó.

Lo que ensombreció el proceso fue la discriminación de género y claras muestra de expresiones por parte de algunos influencers que al entrevistar regiomontanas pretendían cosificar e invisibilizar a las mujeres.

Esto no puede aceptarse en un entorno democrático.  

Llamar a Mariana Rodríguez “títere del gobernador” es denigrarla en su condición de mujer, más allá de las diferencias de índole política y partidista. También se ofende a la par que a ella, a todas las mujeres que participan en contiendas electorales. No se vale.

¿De qué sirve la paridad de género en la elección de candidatos a cargos públicos si durante el proceso volverá la andanada de estereotipos y descalificaciones que pretenden denostar su capacidad e independencia de criterio?

Veremos qué opinan los colectivos feministas con relación a este asunto y cómo se responde legalmente a la presunta intromisión de ministeriales en este proceso electoral.

Seguiremos abiertos al debate público que piden las activistas y las ciudadanas en defensa de sus derechos y a señalar estas irregularidades que ya deben formar parte del pasado, al menos en Nuevo León.

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