Río Santa Catarina: ¿bajo riesgo?

El día de ayer, el Gobierno del Estado anunció una serie de obras que se realizarán a lo largo del río Santa Catarina. Estos trabajos forman parte de un plan integral de movilidad que incluye la construcción del Metro, un monorriel y parques lineales que se ubicarán debajo de las columnas del tren.

Esta noticia, difundida por el gobierno, alerta sobre las obras que se llevarán a cabo en el río. Aunque las autoridades han afirmado que no se tocará el cauce, la experiencia demuestra que el cuerpo de agua siempre sufre un impacto. Esto se debe al movimiento de la maquinaria pesada, al desmonte para accesos de seguridad y a la instalación de estructuras provisionales.

Un ejemplo claro de esta afectación se puede ver en la instalación de las columnas del monorriel, a la altura de Zuazua, donde el cauce del río ya ha sido invadido en más de un cuarto de su ancho.

En mayo pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) instruyó al Gobierno del Estado a retirar de inmediato los materiales de construcción acumulados en el cauce del río Santa Catarina, utilizados en las obras de la Línea 4 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, materiales que no han sido removidos.

Durante la presentación del proyecto, el gobernador del estado afirmó que, a través de un decreto, él mismo otorgó al río la protección de área natural protegida. Por esta razón, aseguró que las obras anunciadas no interferirán de ninguna manera con el cauce. Difícil pensar que, durante las labores a realizar, esta premisa se cumpla.

Ante este panorama, sugerimos convocar a la sociedad civil organizada —como la plataforma Un Río en el Río—, al Congreso del Estado y a representantes de la comunidad. El objetivo es crear un grupo de observadores que vigile la preservación del río durante los trabajos programados para los proyectos del Estado.

Debemos entender que el río es vital para el ecosistema de la región y que su función principal es el desahogo de afluentes durante la temporada de huracanes y lluvias torrenciales. Por esta razón, el cauce debe permanecer libre de obstrucciones. 

Además, con la construcción de los puentes peatonales proyectados para cruzar el río, la invasión del cauce parece inevitable. Por ello, el Gobierno del Estado debe garantizar que el río no será impactado. La pregunta es: ¿cuáles serán esas garantías?, más allá de la buena voluntad y los discursos de protección ambiental.